El Gobierno de España acaba de anunciar que reabrirá el antiguo edificio del Banco de España de Soria para instalar en él un Centro Nacional de Fotografía, convirtiéndose así en el último de estos inmuebles en cambiar de uso sin que la ciudad donde se ubica pague un solo euro. Una práctica que ha ocurrido y sigue ocurriendo en buena parte de las ciudades del país y que ha sacado nuevamente a la palestra el debate sobre el abuso que sufre Zamora por parte del Estado. Aquí, el Ayuntamiento paga desde el año 2015 un montante de 7.500 euros al mes, que son 90.000 euros al año, en concepto de alquiler a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa). En no pocas ocasiones, la administración local ha tratado de renegociar este contrato firmado en 2014 por Rosa Valdeón, pero siempre se ha encontrado con un muro. A día de hoy, se han pagado ya más de 600.000 euros en arrendamientos. Mientras tanto, otros lugares siguen beneficiándose de “bancos de España” a coste cero.

Jaén, Salamanca, Santiago de Compostela, Santander, Tarragona, Reus, Soria. La lista es interminable y cada vez más grande. El caso de Soria es el último que demuestra que el contrato firmado por el Ayuntamiento de Zamora con el Gobierno de España para el alquiler del conjunto de Cristo Rey no fue un buen negocio. Y no es que la política de las cesiones se iniciara a partir del año 2014, cuando la capital ya había rubricado su documento, sino que muchos de los acuerdos de otras capitales se cerraron antes de esa fecha sin tener que pagar un solo euro por usar las instalaciones vacías del organismo.

En julio de 2013, el alcalde de Jaén viajó hasta Madrid para cerrar con el entonces ministro Cristóbal Montoro un acuerdo de cesión del edificio del Banco de España. El Estado, en un principio, había anunciado la entrega de las llaves de forma gratuita, aunque finalmente en el acuerdo se incluyó la permuta por dos solares en una zona de ampliación de la capital jiennense que revertirán al Ayuntamiento en diez años si el Gobierno central no los utiliza. El espacio albergaría el Conservatorio Superior de Música y el Archivo Histórico Municipal.

El Consistorio de Tarragona también mostró astucia, aunque le costó seis años conseguir su propósito. En el año 2004 inició las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para que le cediera gratuitamente el edificio y destinarlo a espacios municipales. En 2010 esa negociación llegó a su fin, con la permuta del edificio histórico a cambio de un solar en el que el Estado construiría dependencias de Extranjería. Hoy, ni el Banco de España ni el solar albergan atisbos de actividad, aunque el edificio ya es propiedad del Ayuntamiento tarraconense.

También en 2013 conseguía Santander hacerse con las llaves del edificio del Banco de España sin pagar un solo euro. Contó con la ayuda del Gobierno de Cantabria, quien ofertó al Estado intercambiar este inmueble por otro en desuso, algo que la cartera de Hacienda aceptó. Hoy, se barajan diferentes usos museísticos para este espacio.

Santiago de Compostela fue una de esas ciudades que se benefició de las permutas realizadas con la Dirección General de Patrimonio al poco tiempo de cerrar la sucursal del Banco de España. Sin embargo, también fue hábil negociadora, dado que en 2008 consiguió una cesión gratuita con este organismo para albergar el Museo de las Peregrinaciones. Y Salamanca, por ejemplo, consiguió en el año 2016 cerrar un acuerdo a tres bandas entre la Universidad, el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda para instalar en el inmueble el Centro Internacional de Referencia del Español de manera absolutamente gratuita.

De la veintena de sedes del Banco de España que se cerraron a finales del siglo pasado, la gran mayoría actualmente son delegaciones de Economía y Hacienda, subdelegaciones del Gobierno, Juzgados o gerencias del Catastro. Otras han logrado acuerdos para convertirse en museos, archivos o centros culturales, todos ellos a través de cesiones o permutas con el Gobierno central.

Pocos ejemplos existen como el de Zamora, condenada a pagar ese alquiler a todas luces abusivo en comparación con el resto de ciudades. El más próximo, quizás, es el de la vecina capital de Orense. Allí, su ayuntamiento firmó en 2013 la cesión de la planta baja del edificio del Banco de España a cambio de un alquiler de 37.000 euros anuales durante 25 años. Prácticamente, un tercio de la factura zamorana.