Fue en octubre de 2019 cuando una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba de servicio en las afueras de la capital zamorana, a la altura del cruce en la N-122 y la autovía A-66 vio a lo lejos un vehículo que le resultó sospechoso, puesto que “iba haciendo zigzag y dando bandazos”, según su testimonio. Por esa razón, los agentes decidieron darle el alto y las sospechas continuaron, puesto que la pareja que había en su interior “hablaba con incoherencias y se observaba nerviosismo en su actitud”, por lo que les instaron a bajar del vehículo.

En el registro que se realizó a continuación se encontraron dos cajas metálicas de color negro que contenían speed, así como MDMA, ketamina y éxtasis. Según el escrito de acusación que se formuló por estos hechos, “la sustancia intervenida a los acusados era poseída por los mismos para su transmisión a terceros a cambio de precio y el dinero obtenido era producto de la venta a terceros”. Además, los dos acusados estaban el día de los hechos “bajo el consumo de drogas tóxicas estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

Por todo ello, se les acusó de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

La Audiencia Provincial de Zamora celebró ayer el juicio, que finalmente no tuvo lugar, ya que las partes —Ministerio Fiscal y las defensas de los dos acusados— llegaron a conformidad, por lo que ninguno de ellos tendrá que cumplir con la pena inicial solicitada de tres años de prisión.

A lo que sí que tendrán que hacer frente será a una multa de 1.700 euros cada uno, como también se pedía desde la Fiscalía, con arresto sustitutorio de quince días de prisión en caso de impago de multa.

Conforme con el acuerdo alcanzado, los abogados de la defensa tomaron la palabra para presentar la situación actual de sus clientes. En el caso del hombre, está en tratamiento de deshabituación, recordando el abogado que su defendido llevaba desde los veinte años “abusando de sustancias como el speed y la cocaína”, detalló, aunque añadió a continuación que tiene al día todas las citas y controles que se realiza para comprobar que se está desintoxicando.

El caso de la otra acusada es similar, puesto que su abogado recordó que los hechos que se iban a juzgar se realizaron debido a su dependencia de sustancias psicotrópicas. “Ahora tiene un trabajo remunerado y está en desintoxicación”, añadió el letrado.

En ambos casos, además, los acusados no tenían antecedentes penales por ningún delito, circunstancia que el Ministerio Fiscal tuvo muy en cuenta —junto con el proceso de desintoxicación actual de los dos investigados— para modificar la pena inicial de solicitud de prisión. Por ese motivo, los abogados también pidieron que en la sentencia se refleje ya esa suspensión de la pena “por economía procesal y seguridad jurídica”.