“Un trozo de pan y una lata de sardinas”, una peseta con sesenta y cinco céntimos. Ese era el gasto diario de manutención de cada recluido en los cuatro “campos de concentración de prisioneros” que la dictadura franquista instaló en Zamora capital y en Toro en abril del 1939, al término de la Guerra Civil, en “el año de la Victoria” como reza en la fecha del registro que figura en el primero de ellos. El Gobierno de Franco destinaba 151.592 pesetas a atender las necesidades de esos presos, hacinados, en unas condiciones higiénico-sanitarias y de vida deplorables.
En enero de 1939, a tres meses del fin de la Guerra Civil, ya el Gobierno Militar comunica al Ayuntamiento de Zamora que creará en las dependencias del cuartel viejo un campo de concentración para prisioneros "procedentes de los frentes que están cayendo", los rojos del ejército republicano. En Toro, serán tres recintos. El uno de abril, El Heraldo de Zamora recoge la crónica de la llegada de esos represaliados al campo de la capital, en esa fecha, la mayoría procedentes de Madrid. El CORREO DE ZAMORA informa el 29 de mayo sobre quién será el jefe del campo de concentración.
La documentación del recinto de represión franquista de la capital deja constancia de que llegó a anotar 3.307 “altas”, aunque cerró el 30 de abril de 1939 con 2.287, según el trabajo de investigación del historiador Eduardo Martín, integrante del Foro por la Memoria de Zamora, elaborado con la también historiadora Inma Cuesta.
En el mismo periodo, las fuerzas franquistas derivan a 1.792 presos a los tres recintos de Toro que albergan el campo de concentración de esa localidad: los hospitales de la Cruz y de Convalecencia, y el asilo de la marquesa de Valparaíso. Todos ellos, bajo el mando como jefe de Carmelo Martín, capitán del Regimiento de Toledo, concreta Martín.
Gran parte de los internos de los campos de concentración de Zamora y Toro eran catalanes, los zamoranos se dispersaron por otros del país
Mientras que los zamoranos republicanos apresados acababan diseminados por este tipo de instalaciones que el régimen crea por toda España, a la provincia zamorana llegaban “mayoritariamente de Cataluña” y “no había ningún zamorano”, de acuerdo con los datos contrastados por Martín y Cuesta.
Entre los apresados, “hay unidades enteras del Ejército republicano, sobre cuyo destino hay que decidir”. La “clasificación de prisioneros” se realiza en estos campos, con tres opciones para el reo: “fusilamiento, prisión o el destino a campos de estancia más prolongada; la libertad o volver a realizar el servicio militar” ya bajo el mando del Ejército de la dictadura franquista. Antes de tomar una decisión, “el teniente de la Guardia Civil, José Grande Cano, el responsable del servicio de investigación del campo de Zamora, se encarga de interrogar a los prisioneros y estudia sus antecedentes”. El futuro del preso se establecía en base a los informes de conducta que se solicitaban a las autoridades de su lugar de origen, de modo que dependía, en buena medida, de la Benemérita; del sacerdote, persona muy influyente en el régimen franquista, y del alcalde del municipio correspondiente.
Se desconoce el tiempo de estancia media que los represaliados franquistas permanecían en esos recintos de “deshumanización”, como los describe el escritor y periodista Carlos Hernández de Miguel en el trabajo de investigación que identificó 296 campos en toda España. Igualmente, “se desconoce cómo era por dentro en Zamora, aunque los de Toro existen todavía”, apunta Martín. “Tampoco está acreditado qué ocurrió entre sus paredes", agrega. Lo que sí se sabe es que “la disciplina interna era rígida y que alguno terminó fusilado en un campo de concentración de fuera de la provincia bajo la acusación de no seguir esas normas”, al igual que zamorano preso en el campo de Burgos “que trató de fugarse y terminó fusilado”. O de “un chico de Villalube fue movilizado que en Jaén por el bando de Franco y se pasó al republicano”. Su destino fue el paredón, "el mismo final que había tenido su padre en 1936 en el pequeño pueblo de Zamora”, detalla el integrante del Foro por la Memoria de Zamora.
Pero “la mayoría terminaba en prisión por delitos militares”, argumento para impartir condenas que se mantuvo hasta medidos de los años cuarenta del siglo pasado. A partir de ese periodo, se comienza a excarcelar no porque la dictadura hubiera bajado el nivel de represión y abandonado esa obsesión por limpiar ideológicamente al país de "rojos", sino “porque los centros penitenciarios estaban tan saturados que no podían mantenerlos”. No es más que una libertad ficticia, puesto que “vivían como si continuaran presos: tenían que comparecer en el cuartel de la Guardia Civil, carecían de libertad de movimientos y muchos pendientes de informes de actividad”.
La mayoría de los presos terminaba en prisión por delitos militares
Sometidos a las juntas de libertad vigilada, precisaban de un salvoconducto que emitía la Benemérita para poder moverse fuera del lugar de residencia y justificar esos desplazamientos. Incumplir esos requisitos suponía terminar en presidio.
Libertad vigilada, elemento de represión
Ejemplo del laberinto burocrático y de las dificultades que tenían los presos políticos de Franco para lograr desplazarse, no ya por la provincia de residencia, sino por la propia comarca, es el caso del “comerciante de Toro que regresó del campo de concentración de Asturias a su pueblo, Cañizo, para trabajar en el comercio de su padre y que tardó casi un año en obtener el primer salvoconducto para acudir a comprar artículos para vender en el negocio familiar, a pesar de que dispone de la autorización de la Junta local. Las renovaciones sucesivas del permiso no allanan un ápice el proceloso camino del comerciante para poder acudir a las ferias de localidades próximas para adquirir mercancía. Solo saldrá de ese laberinto burocrático cuando se le indulta en 1948, agrega Eduardo Martín.
Es un claro ejemplo de la "amplia gama de prácticas burocráticas que actúan como elementos accesorios de esa represión física" de la dictadura del general Francisco Franco, explica Eduardo Martín. Este vecino de Cañizo logra la autorización expresa de la Junta Local, primera instancia donde solicita el 26 de octubre de 1944 un salvoconducto, válido para seis meses, para poder desplazarse a las ferias semanales de Toro, Zamora y Benavente al objeto de abastecer el negocio familiar. Aun con un informe favorable y la autorización expresa de esa Junta el permiso no llegará hasta el 12 de septiembre de 1945.
De poco sirve el informe emitido por la Junta Local que dice textualmente que el vecino en libertad vigilada "viene observando buena conducta social y política, no habiéndose notado ninguna actividad durante su presencia en este término en ese sentido"; el certificado médico que avala la dolencia vascular del padre que le imposibilitaba trabajar y, como consecuencia, la observación de ese organismo de que la libertad del preso era imprescindible para sostener el negocio familiar. La Junta Provincial deniega en varias ocasiones el salvoconducto, además se producen extravíos de la documentación y subsanaciones que retrasan su expedición, hasta su concesión casi un año después de cursar la solicitud.
Los escasos datos del Tribunal de Cuentas
El fondo documental más completo sobre estos recintos de exterminio se halla en el Tribunal de Cuentas, “lo que llamamos la banalización del mal”, explica el historiador zamorano, puesto que se trata de un trabajo aséptico elaborado por funcionarios que cumplen órdenes. Sin embargo, tampoco son datos pormenorizados, ni siquiera de los gastos de alimentación de estos campos de concentración zamoranos. Aunque se cree que “debió haber un fondo muy rico” sobre los pormenores del funcionamiento interno y la gestión de estos recintos de represión, parece ser que “se expolió o que está oculto”.
El mes de abril de 1939 es el que ofrece más datos, incluso los responsables de registrar los movimientos dejan reflejado por escrito a dónde van los reclusos dados de baja por diferentes motivos: "porque se les fusila, porque se les condenada a cárcel, porque a algunos se les interna en psiquiátricos; y otros, porque se mueren”.
En el campo de concentración de Zamora se da muerte a tres internos; y fallecen otras tres personas en ese tiempo. De modo que, en abril de 1939, se producen 1.020 bajas; 792 son puestos en libertad con vigilancia y se van a sus lugares de origen; otros 153 parten como reclutas; y 52 acaban en el hospital por estar heridos o enfermos.
"Debió haber un fondo muy rico sobre la actividad de los campos, pero o se expolió o puede que esté oculto"
Mientras, en Toro en ese mes se localiza una muerte, se registran 608 bajas, de las que 242 van a la caja de reclutamiento para repetir la mili, donde el adoctrinamiento en el ideario de la dictadura franquista está más que presente. Se trata, esencialmente, de los soldados que fueron reclutados por el Gobierno republicano para ir al frente con 17 o 18 años, la llamada “Quinta del biberón”. En ese grupo, registrado en el campo de Zamora, estaba Miguel Gila, que sería un popularísimo humorista de la tierra, quien había estado en el bando republicano durante la Guerra Civil y tuvo que hacer la mili en el Regimiento de Zamora cuando Franco ganó la contienda, según él mismo contó.
“Todavía no se ha podido ver el sumario del Consejo de Guerra, que está en el Gobierno Militar Intermedio de La Coruña”
Otros quince hombres partieron al campo de Miranda de Ebro, más permanente en el tiempo (de 1941 a 1947) y uno de los más duros en el trato a los presos del país, donde terminaron muchos zamoranos y toresanos, así como en el de Aranda de Duero. Un gran número de internos en Zamora y en Toro salen para el Consejo de Guerra”, comparecen ante tribunales militares, “pero se desconoce qué pasó con ellos”, agrega Martín. “Todavía no se ha podido ver el sumario de ese organismo, que está en el Gobierno Militar Intermedio de La Coruña”, a pesar de que solicitó “se nos ha denegado dos veces el acceso”.
Dos combatientes republicanos del campo de Zamora, los extremeños Pedro García Rodríguez y Nicolás Velar de Peña; y otro de Toledo, Benjamín Gonzalo Maroto, internos del campo de Zamora fueron condenados a muerte y fusilados en la tapia del cementerio de San Atilano, al pie de un talud de tierra, el 12 de julio de 1940, y enterrados en una sepultura, “las había compartidas para enterrarlos con cal viva de uno en uno”, explica Martín.
"En el cementerio de San Atilano, había compartidas para enterrar con cal viva de uno en uno a lo presos del franquismo ”
La mano de hierro de la dictadura franquista utilizó todas las infraestructuras posibles para encarcelar a sus oponentes en esa cruzada de exterminio físico e ideológico que citan los historiadores. En el edificio de la actual Subdelegación del Gobierno, de varias plantas, en 1936 ya había 1.400 presos, no solo de Zamora; y, entre ese año y 1940, más de 800 fueron fusilados, solo entorno a centenar de ellos con juicio; “el resto, sin juicio o con él, fueron condenados a prisión”. En Toro, en el Alcázar, la cárcel, hubo más de 200 represaliados en 1936; mientras que, en Bermillo de Sayago no se conserva el registro de apresados, pero sí se conoce que más de 30 ciudadanos pasaron por los fusiles de los nacionales en el cementerio de la localidad.
