La Junta de Castilla y León trabaja en la lucha contra la despoblación y trata de impulsar medidas que, complementadas entre sí y vinculadas a las que pongan en marcha otras administraciones, puedan contribuir a revertir la tendencia demográfica de la comunidad autónoma. En ese contexto se enmarca el programa Rehabitare, gestionado por la dirección general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente..

La directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, en el centro. | | JCYL

Este programa consiste en incrementar el parque público de alquiler social de la comunidad, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de Castilla y León, sobre todo de los jóvenes.

Así las cosas, este programa de rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los citados colectivos de especial protección en el marco de Castilla y León.

Además, el programa Rehabitare también se plantea como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

Tras la experiencia piloto en Palencia en 2009 en el que se rehabilitaron 17 viviendas en 5 municipios con una inversión total de 985.342,00 euros, se extendió en 2016 a todas las provincias de la comunidad, incluida Zamora.

En cuanto a los criterios de selección que utiliza la Junta de Castilla y León, conviene tener en cuenta que el inmueble ha de ubicarse en un municipio cuya población residente sea inferior a 5.000 habitantes. Además, la propiedad ha de ser de titularidad municipal y el ayuntamiento debe ostentar pleno dominio sobre él. La futura vivienda debe estar libre de cargas y gravámenes de cualquier clase y encontrarse debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, el ayuntamiento interesado deberá justificar la existencia de demandantes de vivienda en el término municipal a través del registro público de demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León, y tendrá que hacerlo bajo una serie de criterios mínimos fijados.

Dichos requisitos tendrán que ver con la población. Así, en los municipios con población de menos de 200 habitantes, bastará con un demandante; en los de 201 a 500 serán necesarios dos; en los de 501 a 1.000, tres; y en los de 1.001 a 5.000, cuatro. Ademas, conviene tener en cuenta que el coste de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros más IVA. En el caso de superarse la citada cuantía, la actuación solo podrá acogerse a este programa si el ayuntamiento asume el compromiso de financiar a su costa el exceso.

Asimismo, tendrán preferencia para acogerse al programa las actuaciones que mejor satisfagan su finalidad primordial, así como aquellas que se desarrollen sobre inmuebles que ostenten un mayor valor arquitectónico. De ahí la importancia también del trabajo de los técnicos de la Junta de Castilla y León a la hora de evaluar las candidaturas; siempre con el fin de buscar las inversiones más adecuadas en el contexto de un programa Rehabitare que se mantiene en buena forma tras más de una década de desarrollo.