Las diputaciones y los ayuntamientos forman parte del engranaje dirigido por la Junta de Castilla y Léon para dar impulso al programa Rehabitare. En el caso de Zamora, el convenio con la institución provincial se firmó el 18 de febrero de 2021. Este acuerdo se enmarca en el Protocolo de Colaboración firmado en julio de 2020 entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones de la comunidad para adherirse a esta iniciativa y ampliar así la oferta pública de alquiler social en el medio rural.

Un convenio para impulsar obras hasta 2023

En concreto, el convenio Rehabitare entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de Zamora establece una financiación que alcanza los 416.000 euros, aportada al 50 % por cada una de las administraciones hasta el año 2023, para la rehabilitación de ocho viviendas. Actualmente ya se han puesto en marcha las actuaciones de Rabanales, Manzanal del Barco, El Perdigón y Pozuelo de Tábara.

Un convenio para impulsar obras hasta 2023

Tras la firma de ese convenio, la provincia zamorana contará al final de la legislatura con 45 viviendas rehabilitadas tras una inversión de 2,3 millones de euros. Hasta este año 2021, el programa Rehabitare en Castilla y León ha puesto a disposición de las familias del medio rural 352 viviendas. La inversión total en Castilla y León alcanza ya 12,1 millones de euros, y las previsiones hasta 2023 contemplan otros 12,2 millones más y un total de 513 viviendas rehabilitadas en la comunidad.

Un convenio para impulsar obras hasta 2023

Por otro lado, los ayuntamientos también participan de manera activa en el proceso del programa Rehabitare. De hecho, los interesados han de s

uscribir un documento administrativo con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el que se exprese la intención de asumir todos los compromisos. Los municipios beneficiados tienen que destinar la vivienda al alquiler social de personas que establezcan en ellas su domicilio habitual y permanente, y deben hacerlo en un plazo de tres meses tras la conclusión de las obras. Además, la casa habrá de permanecer destinada al alquiler social un mínimo de 10 años. Si, superado ese plazo, el Ayuntamiento desease enajenar la vivienda deberá ofrecérsela previamente, a efectos del derecho de tanteo, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que, en todo caso, habrá de autorizar la enajenación. Los ayuntamientos también tendrán que reconocer, a través de la correspondiente ordenanza fiscal, las máximas exenciones o bonificaciones fiscales posibles a las actuaciones del programa, y seleccionar, con criterios objetivos, a las personas, unidades familiares o de convivencia que tengan que beneficiarse del programa como arrendatarias de las viviendas.