Las personas no vacunadas serán las primeras en someterse a restricciones en la provincia de Zamora si así lo dicta la evolución de la situación sanitaria. La Junta de Castilla y León considera que es de justicia que sufran las medidas coercitivas quienes “han decidido permanecer en la zona de riesgo” y por eso está encima de la mesa la vía que ya se aplica en diferentes países comunitarios, consistente en exigir el certificado de inmunización para realizar según que actividades e ingresar en determinados lugares públicos. La administración ha advertido de que hay “decenas de miles de personas” que han apostado por eludir los compuestos farmacéuticos y que “pueden generar un problema asistencial” ante una nueva ola. Por eso, será a ellos a los primeros que se les apliquen prohibiciones si la situación se torna comprometedora en las próximas semanas.
Con la Navidad al alcance de la vista y un tímido pero constante incremento del número de positivos por coronavirus día tras día, la Junta de Castilla y León está diseñando una hoja de ruta por si las cosas se tuercen. El vicepresidente, Francisco Igea, ha avanzado que las primeras medidas restrictivas irán dirigidas a aquellas personas que han decidido no vacunarse. “Se trata de medidas que ya se están aplicando en otros países, como la exigencia del pasaporte COVID, y que ya estamos estudiando”, ha señalado el dirigente regional, quien ha confiado, no obstante, en que esto pueda ser acordado en la Conferencia Sectorial de Sanidad.
Precisamente, el certificado COVID es lo que la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León ha solicitado como exigible para todos los ciudadanos que decidan utilizar este medio de transporte. Algo con lo que Igea también estaría de acuerdo si los niveles de incidencia acumulada (IA) de la pandemia siguen subiendo de forma sostenida como en los últimos días y siguiendo siempre el mismo patrón. “Si sube la incidencia, habrá que imponer restricciones a quien más riesgo tiene de contraerla y de transmitirla; es decir, a los no vacunados”, ha argumentado el portavoz de la Junta, que ha recordado que en otras comunidades y en muchos países de Europa no se pueden hacer determinadas cosas sin antes mostrar el certificado.
La acumulación diaria de casos es algo que preocupa y mucho a la Junta de Castilla y León por el riesgo de contagio. Precisamente, Igea ha reconocido que donde más peligro existe es en los sitios cerrados, por lo que ha insistido en que, aunque a corto plazo no se plantea imponer restricciones, si finalmente se aplica alguna será hacia el colectivo de población no vacunado por decisión voluntaria.
Para poder sortear estas restricciones, desde la administración regional apuntan a la vacunación. El vicepresidente, al respecto, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos no vacunados que, en su mayoría corresponden a un tramo de edad entre los 20 y los 55 años y que puede suponer todavía en torno a un 20% de la población. “Existe una necesidad urgente de completar la vacunación en todos nuestros grupos de edad”, ha señalado. Los centros de salud de Castilla y León están llamando a sus no vacunados para invitarles a que lo hagan, ya que el 34% de los enfermos COVID que hay en las unidades de críticos en este momento no tienen esa protección vacunal.
Preguntado sobre qué les diría él, médico de profesión, en una de esas llamadas a un no vacunado, ha sostenido que primero le explicaría el riesgo más elevado que tiene de enfermar, de poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Pero también le advertiría de que en el caso de que sea necesario, por un aumento de la incidencia y los hospitalizados, se concentrarán las medidas restrictivas por el coronavirus en las personas que “voluntariamente han decidido no optar por la vacuna”.
Por lo tanto, el llamamiento de la Junta de Castilla y León es absolutamente claro para que todo el mundo se vacune. Y, de no hacerlo, la advertencia también es cristalina: en Navidad, podría haber restricciones para ellos.
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