El nuevo impuesto de plusvalías es “mejor” que el existente hasta hace unas semanas, pero aún así no es “perfecto”. Es más, tiene mucho margen de mejora. Esto es lo que piensa el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, Salvador Prieto, que asegura que el Decreto-Ley que entrará en vigor en el día de hoy —previsiblemente— elimina “lo que era un grave problema”, pero “no entra en el fondo de la cuestión”.
Por partes, la Cámara de Propiedad celebra que la normativa no obligue ya a pagar a los vendedores —son normalmente ellos quienes se hacen cargo de este gravamen— cuando no ganan dinero con la venta. “Otra cosa es hablar de si este impuesto puede tener o no un carácter confiscatorio”, asegura Prieto, que apostilla que “estamos mejor que estábamos pero aún así las mejoras son insuficientes”.
Con todo, lo más importante para la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora son todavía los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional de finales del mes pasado, fallo que establecía que el impuesto por el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana no se ajustaba a los preceptos de la Carta Magna. Establecía, eso sí, que no cabía reclamación por los impuestos pagados antes de la publicación de la sentencia, algo que a juicio de Prieto “dará todavía mucho que hablar”.
“Si el contribuyente ha hecho una declaración y es errónea, tiene cuatro años para poder comprobarla y subsanar los errores”, asegura el presidente de la Cámara de la Propiedad. “La gente tendrá que reclamar y los tribunales se tendrán que plantear qué sucede con esta cuestión, que no está nada clara”, asegura Prieto, que censura que “una sentencia del Tribunal Constitucional limite el derecho a la defensa” de los contribuyentes.
A partir de hoy los contribuyentes podrán elegir entre dos métodos de cálculo para pagar el impuesto, pudiendo escoger el más beneficioso. Las operaciones en las que no haya aumento de valor no estarán sujetas a tributación. Por un lado, el contribuyente podrá optar por multiplicar el valor catastral del inmueble por un coeficiente que dependerá del tiempo durante el que ese inmueble no ha cambiado de manos. El máximo será de 0,13 en caso de periodos inferiores a un año —para evitar la especulación, se supone— y del 0,45 si se superan los veinte años. Las tablas se publicarán hoy en el BOE y los ayuntamientos tendrán seis meses para adaptarlas sin superar los umbrales que se marquen en la ley estatal. Un segundo método de cálculo será tributar por la ganancia, es decir, la diferencia entre el valor de venta y el de compra. Ninguna de las fórmulas convence a la Cámara de la Propiedad de Zamora, que censura sobre todo la segunda porque “tiene en cuenta el incremento del valor del terreno, pero no lo que sucede con la construcción”.
Preguntada acerca de si es constitucional aprobar la modificación del impuesto mediante un real decreto-ley, como han advertido algunos expertos, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que este instrumento legal está justificado por la “imperiosa necesidad” que había por garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como por la “urgencia” de los ayuntamientos de cara a garantizar la prestación de sus servicios.
Con todo, hay asociaciones que insisten en que un impuesto como este no se puede regular por un decreto-ley y que, por ello, “nace mal”. “Lo que se está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo”, insisten desde Asufin —Asociación de Usuarios Financieros—. “Puede ser anticonstitucional”, indican.
Con unos ingresos agregados cercanos a los tres millones de euros en el conjunto de la provincia, los ayuntamientos de Zamora —al menos los de mayor tamaño— empiezan desde hoy a estudiar cómo trasladar a su normativa municipal el decreto-ley que regula el impuesto de plusvalías. Una norma que, para la Cámara de la Propiedad Urbana, mejora la anterior pero que “es bastante incompleta”. No son las únicas quejas, ya que agrupaciones financieras alertan de que podría incluso ser anticonstitucional. Con todo, aún colea la sentencia del Tribunal Constitucional, que impide las reclamaciones anteriores a la publicación del fallo. “Es algo que habrá que ver y que los jueces tendrán que analizar”, indican desde la Cámara de la Propiedad.
Zamora prevé una reducción de ingresos del 30% para el próximo año
Las novedades con el impuesto de plusvalías impactan de lleno en las previsiones presupuestarias del Ayuntamiento de Zamora, que ve cómo las dudas planean sobre una de sus principales fuentes de financiación. Así lo aseguró ayer el alcalde al término de la comparecencia de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. La estimación de ingresos en los presupuestos municipales del próximo año se va a reducir un treinta por ciento debido a las novedades legislativas. El Ayuntamiento cambia sus previsiones y, de contar con 2,3 millones de euros por este gravamen, pasa a presupuestar unos ingresos de 1,6 millones. Evidentemente, el Ayuntamiento tendrá que modificar la ordenanza que sirve de base para el cobro de este impuesto y adaptarla al decreto-ley que hoy se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Fuentes del equipo de Gobierno municipal ya avanzaron a finales del mes pasado que la decisión del Tribunal Constitucional ”descuadra” unas cuentas municipales que aproximadamente sesenta millones de euros. El Ayuntamiento ya indicó, la semana pasada y ante la avalancha de contribuyentes que se acercaban a las oficinas municipales, que no se procedería a la devolución de las plusvalías pagadas antes de la publicación de la sentencia. Los ingresos por el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana es, junto con otros grandes impuestos como el IBI, una de las grandes vías de financiación municipal. Con todo, en la provincia no todos los ayuntamientos cobran plusvalías. Benavente ingresa por este impuesto unos 300.000 euros anuales y Toro, 150.000. Quitando los tres principales núcleos de población la cuestión se vuelve más espinosa, porque muchos ayuntamientos no cobran a sus vecinos por la transmisión de fincas o inmuebles. El diputado de Economía y Hacienda, Antonio Iglesias, confirma que “la mayoría, prácticamente todos los ayuntamientos de menos de mil habitantes no cobra”, lo que diluye el impacto de la vorágine legal en el entorno rural zamorano.
