Hacienda pide 2.884 euros a un joven zamorano de la deducción fiscal por su madre incapacitada

Su más que comprometida solvencia económica le ha colocado entre la espada y pared, con unos ingresos mensuales entre madre e hijo que “no llegan a los 1.600 euros”, de los que hay que descontar el pago de la residencia de la Fundación Intras en Toro en la que vive la mujer; la hipoteca que esta todavía paga, de 150 euros al mes; y aquellos gastos de servicios que esta zamorana de 58 años no tiene cubiertos en ese centro.

Entre esos desembolsos que asume Pedro para atender todas las necesidades de su madre, están la compra de “medicinas, de productos para aseo personal, de ropa, peluquería, de transporte en vehículo de la residencia, de teléfono, de acompañamiento u de otros servicios especiales que pueda requerir”. En ese presupuesto adicional, el joven zamorano incluye “los viajes que él mismo realiza para estar con su madre o su manutención en periodos vacacionales”.

Listado al que se añaden los tratamientos de fisioterapia, podología u otro tipo de atención médica para el tratamiento de dolencias que no cubra la Seguridad Social, que tiene que asumir con su escaso sueldo de 1.000 euros, explica el joven. Los gastos, agrega el joven, “dependen también de los imprevistos que surgen, mi madre ha pasado un cáncer; ha tenido un tratamiento médico por un bulto que le salió en la boca” y hubo que destinar parte de sus ingresos para encarar esas situaciones.

Estos son algunos de los datos que expone en el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Económico, ante el que alega que le resulta imposible reunir todas las facturas de cada gasto efectuado en 2019, si bien entregó ya las relativas a “ropa, desplazamientos, abogados para gestiones relacionadas con necesidades de mi madre”, sin que la Agencia Tributaria se haya dado por satisfecha. El denunciante explica que nunca se la había pedido especificar hasta tal detalle los gastos y que la ley reconoce la deducción fiscal por cuidados. La decisión de Hacienda ha supuesto un revés importante para la economía de este zamorano que con solo 18 años tuvo que asumir la tutoría de la madre, a la que se le reconoce un 66% de incapacidad, diagnosticada de esquizofrenia paranoide desde que su hijo tenía ocho años. Se trata de una sentencia judicial que “me obliga a asumir todos los gastos que deriven del cuidado de mi madre”, de donde dimana la deducción fiscal.

Tras seis años incluyendo estos conceptos en el IRPF, el zamoranos se echa a temblar al pensar que la Agencia Tributaria pueda retrotraerse al año 2015 para exigirle las cantidades correspondientes de la deducción fiscal. La esperanza de Pedro está en sentencias favorables a personas en su misma situación, pero deberá esperar unos ocho meses para tener respuesta del Tribunal Económico Administrativo Regional, que confía en que atienda su recurso para no tener que acudir al juzgado. El caso de este zamorano ha llegado ya al Senado, junto a otros de Burgos.

“Los mayores que estén sufriendo este problema no están solos”

Pedro Lima Vega solo cuenta con el apoyo familiar de su abuelo materno, pero “tiene 84 años y soy yo el que me encargo de todo porque él es ya mayor”. Tiene tan presente a su abuelo como a tantas personas mayores que puedan estar viviendo este mismo problema, que es un varapalo, “la mayoría son personas mayores que tienen miedo, no saben cómo moverse para reclamar, ni saben desenvolverse con los trámites burocráticos. Quiero también que esas personas sepan que no están solas”. Y es que son muchos los cuidadores o tutores de incapacitados que están sufriendo estas reclamaciones en Castilla y León, “en Burgos hay muchos afectados que están actuando ya y seguro que en Zamora también”, añade.

En la búsqueda de algún respaldo el joven zamorano dio con la asociación Apacid de Burgos para la atención a personas con discapacidad intelectual, que ya ha denunciado públicamente el daño que Hacienda está ocasionando con los requerimientos para que las familias justifiquen la deducción fiscal por esas personas. Unos requerimientos que, como a Pedro, comenzaron a llegar en julio pasado y que Apacid y otras asociaciones que agrupan a personas con discapacidad atribuyen a una reinterpretación de la Ley, ya que esta norma especifica que estos ciudadanos generan unos gastos por los que la familia tiene derecho a una deducción fiscal.