Europa no quiere saber nada del vaciado extremo de los embalses ni de sus efectos nocivos sobre los territorios que, como la provincia de Zamora, sufren esta práctica por parte de las eléctricas. Eso, al menos, es lo que dice el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, que ha respondido echando balones fuera a una pregunta de europarlamentarios españoles acerca de la situación vivida este verano en las cuencas del Duero, Miño y Sil. En su contestación, el dirigente comunitario señala que “los Estados miembros son los principales responsables de garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE”. En lo particular, deberían ser las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y del Duero las encargadas de “establecer las condiciones necesarias para el permiso en relación con el funcionamiento de los embalses y la supervisión del cumplimiento de la normativa”. En resumen: pasen a otra ventanilla.
La respuesta de la Comisión Europea deja en situación de clara indefensión a los municipios zamoranos que han sufrido el vaciado del embalse de Ricobayo durante el pasado verano, habida cuenta de que la Confederación Hidrográfica del Duero ya expuso en el mes de agosto que no había rastro de “irregularidades” en el proceder de Iberdrola. La pregunta de los europarlamentarios del Partido Popular, Dolors Montserrat y Francisco José Millán, pretendía averiguar si los afectados tenían algún hilo por donde tirar para evitar estas prácticas en el futuro. Concretamente, la cuestión dictaba si los hechos ocurridos en la temporada estival eran “compatibles con las exigencias impuesta por la Directiva Marco sobre el Agua (DMA), las directivas sobre los hábitats y la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad.
Y la respuesta es que no hay respuesta. En su contestación, Sinkevičius ha apuntado que la Directiva Marco sobre el Agua “obliga a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las masas de agua tengan un buen estado o potencial ecológico y a informar de ello cada seis años en los planes hidrológicos de la cuenca”. A mayores, el comisario europeo de Medio Ambiente ha indicado que “el vaciado de los embalses solo es compatible con la DMA si no causa deterioro ni impide la consecución de ese buen estado o potencial ecológico”. Y, en última instancia, el dirigente ha puesto el foco en los propios estados, al decir que son ellos los garantes del cumplimiento del derecho comunitario, con lo que ha metido a los afectados en un auténtico callejón sin salida.
La posición de Europa era una de las principales esperanzas de la veintena de municipios zamoranos que han sufrido el vaciado del embalse de Ricobayo durante el pasado verano, pero la respuesta del comisario de Medio Ambiente ha echado por tierra todos sus argumentos. Ahora, estos pueblos deberán encontrar las respuestas en la Confederación Hidrográfica del Duero, a la que se dirigen todas las miradas.
El Derecho comunitario era la última esperanza de los afectados
El Derecho comunitario era una de las principales esperanzas de los municipios afectados por el vaciado de Ricobayo. A tal efecto, los alcaldes de una veintena de municipios enviaron una misiva Bruselas el pasado mes de agosto que encontró la respuesta del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. En ella, el dirigente señaló que compartía las inquietudes de estos pueblos y que la institución había tomado nota del contenido de la denuncia y dado traslado a los servicios competentes en la materia. De hecho, el vicepresidente y responsable del Pacto Verde Europeo informó de que había remitido la carta a la Dirección General de Medio Ambiente para que analizara la problemática y ofreciera respuestas. Un departamento que ahora ha decidido lavarse las manos.
El objetivo de los municipios ribereños del embalse de Ricobayo era el de obtener soluciones ante el “vaciado desmedido” de Ricobayo para aumentar la producción hidroeléctrica en un contexto de precios máximos de la electricidad. Solicitaron, además, con base en los objetivos europeos de respeto a la naturaleza y lucha contra el cambio climático, una investigación urgente de la Comisión Europea y la adopción de medidas para corregir la gestión del embalse. Y en la misiva aludieron asimismo a los efectos para la población, los ecosistemas y la economía de la zona, enmarcada en “contextos rurales altamente vulnerables”. No obstante, por el momento tan solo se ha conocido esta respuesta.
