La juez encargará un informe pericial sobre las cantidades que la empresa Raga pudo defraudar al Ayuntamiento de Zamora como adjudicataria de Parques y Jardines entre 2014 y 2019, para determinar si coinciden con los 981.246,78 euros estimados por la institución local, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Una cantidad que parte de la investigación del equipo de la Policía Nacional de la UDEV de Zamora emprendida tras la denuncia del Consistorio y que concluyó con la detención de siete personas por delitos de malversación, de fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental.
La jueza acaba de acordar, como consecuencia, dejar en suspenso la imposición de la fianza solidaria solicitada por el Ayuntamiento a esos siete investigados en el caso Raga hasta conocer el resultado del estudio del perito independiente sobre la cuantía del posible fraude.
En el auto del día 28 de octubre pasado, la instructora indica que es necesario esperar a que avance la investigación, en fase muy preliminar, para establecer cuál podría ser la fianza a imponer, si puede coincidir o aproximarse a ese importe de 981.246,78 euros que figura en las diligencias policiales y que exigía el Ayuntamiento como responsabilidad civil solidaria a todos los vinculados a la causa.
No obstante, la juez advierte a los siete abogados de las defensas en el mismo auto que puede exigirles la fianza en cualquier momento, según sean los resultados de la investigación que está realizando, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este diario.
Por su parte, el exjefe de Jardines habría declarado el viernes ante la juez que el contrato de 2014 se sustituyó por otro de “mantenimiento de resultados y todos los trabajos se abonarían previa facturación con justiprecio o con acuerdo”, según fuentes consultadas.
Por otro lado, rechaza el sobreseimiento de la causa como pedían los letrados de los investigados en los recursos contra la petición de fianza del abogado municipal, a los que responde con la misma argumentación: no puede tomar esa decisión en una fase tan inicial de la instrucción judicial.
Otra de las razones que expone para no establecer la fianza es que todavía no ha podido interrogar a algunos investigados, como es el caso del exdirector de Raga vinculado a la contrata municipal, de iniciales G.R.G., o del representante de la empresa en Madrid. El interrogatorio versaría sobre la ejecución de obras menores adjudicadas a la sociedad fuera de la contrata para el mantenimiento de las zonas verdes de la capital que, sin embargo, se realizaron con personal y maquinaria adscritos en exclusiva al área de Parques y Jardines. Se trataría de una incompatibilidad que recogían las condiciones de la Adjudicación del servicio. Las pesquisas judiciales se centran en investigar y depurar las posibles responsabilidades por el supuesto delito de fraude a la Hacienda Pública que pudiera haber cometido Raga, “sus representantes legales u otras personas facultadas para tomar decisiones en nombre de esa sociedad; o que tengan facultades de organización o control” en el organigrama de la sociedad. Las indagaciones judiciales se extienden, asimismo, a “las demás personas que hayan podido intervenir en los hechos investigados”, según el auto judicial.
Alberto Vega se aferra a la caducidad del contrato con Raga para negar ilegalidades
El exjefe de Parques y Jardines, investigado por malversación de caudales públicos y falsedad documental en la gestión del servicio municipal, se aferró a la caducidad del contrato entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Raga que data de 2014 para negar cualquier atisbo de ilegalidad en el desvío de personal y maquinaria exclusivos de la contrata a obras menores y a trabajos realizados al margen del mismo.
Incluso manifestó ante la juez que investiga el caso que la relación contractual mantenida entre la institución local y la empresa era lesiva para esta última, puesto que el coste del servicio no estaba ajustado a los precios de mercado actuales como se deduciría del nuevo pliego de condiciones para adjudicarlo, valorado en 1,6 millones frente al 1,1 millones que venía percibiendo Raga en los últimos años. Llegaría a apuntar que el Ayuntamiento se ha ahorrado dinero desde 2014.
Vega Vicente aludió en su declaración del viernes pasado ante la juez a la situación irregular entre adjudicataria del servicio e institución local por el mantenimiento en el tiempo de prórrogas de un contrato caducado en 2014, suscrito en 2007 con la posibilidad de ampliarlo solo durante seis meses. A partir de esa premisa, Vega Vicente cuestionaría que Raga no pueda usar al personal o la maquinaria para ejecutar las obras menores adjudicadas a la empresa fuera del contrato o para realizar trabajos por compensación. En este sentido, el Ayuntamiento señala que las prórrogas se realizaban cada año de común acuerdo entre las partes, por lo que Raga no se vería perjudicada.
No obstante, a preguntas de la juez, el funcionario llegaría a indicar que habría que determinar el grado de cobertura del servicio que le correspondería a la empresa una vez caducado el contrato, es decir, el funcionario entiende que no se fijaron las obligaciones y derechos ante esta nueva situación, por lo que no podría hablarse de irregularidades, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
Vino a negar, por tanto que se favoreciera a la empresa por permitir que esas obras menores adjudicadas al margen de la contrata se llevaran a cabo con personal y equipamiento de la misma, al tiempo que recordó que la maquinaria, los vehículos de la contrata ya están liquidados por la caducidad del contrato, y que Raga ha tenido que traerlos de otras provincias y comunidades, como Asturias, para mantener el servicio. Frente a la acusación del Ayuntamiento de que el investigado torpedeó los intentos del equipo de Gobierno de IU de sacar a concurso el servicio, replicó que comunicó la situación irregular del contrato en numerosas ocasiones; que tenía más de 14 propuestas de pliegos de condiciones para un nuevo contrato; que realizó muchas advertencias de la situación anómala del sin que se le tuviera en cuenta; y que Raga se ha esforzado en mantener el servicio en unas condiciones aceptables.
De hoteles de lujo con spa a coches de alta gama para “uso exclusivo”
Las estancias en hoteles de lujo, con spa y otros servicios, de los que disfrutaría el exjefe de Parques y Jardines sin que le costaran ni un euro, es otra de las irregularidades que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora, tras las declaraciones prestadas por testigos en el caso abierto contra Alberto Vega Vicente por presuntos delitos de corrupción. Los gastos de esas estancias correrían a cargo de Raga encargada del mantenimiento de las zonas verdes de la capital, ya que se corresponderían con la asistencia del funcionario a ferias o a congresos del sector, según declaró el exresponsable del área noroeste del grupo madrileño, investigado en la causa, de iniciales A.G.I., quien especificó que la factura del bar y del spá no las asumía Raga. En cualquier caso, el abono de hoteles a clientes sería una “costumbre histórica” de Raga, según dijo. Entre las supuestas dádivas de las que podría haberse beneficiado Vega Vicente podría estar el disfrute “exclusivo” de coches de alta gama que le facilitaba la concesionaria municipal, como del BMW X1 negro, un Land Rover Freelander gris o un Nissan X-Trail blanco, de acuerdo con lo manifestado por otro de los testigos que ha declarado en las diligencias. El responsable de Jardines tenía una tarjeta de repostaje de la contrata de la que “nunca entregó un ticket”, dijo el empleado de Jardines.
Obras menores, trabajos por valoración y horas extras
El exjefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, sostuvo ante la juez que le investiga por delitos de corrupción que en los trabajos por valoración, aquellos que Raga debía hacer al margen del contrato por imprevistos como los botellones o las fiestas de los barrios, se pagaban al margen de la contrata, pero que “muchos fueron gratuitos porque eran extras, pero incluidos en la contrata”. El funcionario detalló que las facturas presentadas eran valoradas por los técnicos municipales. Por lo que respecta a los contratos menores, como el relativo a la construcción de fuente de Félix Rodríguez de la Fuente en Valorio, uno de los proyectos que dio origen a toda la investigación judicial, Vega Vicente explicaría ante la juez que la obra fue realizada por personal de la contrata de Raga, pero que esta ya estaba en situación irregular al haber caducado la adjudicación municipal. Asimismo, agregaría que el Ayuntamiento no había abonado la anualidad del año 2019 a la empresa madrileña, tras el pleno de abril de ese año en el que se aprueba pagar las cantidades adeudadas a Raga de 2017 y de 2018. Respecto de las horas extras, el exjefe del servicio municipal se limitaría a decir que era una competencia de la empresa y que él no podía impedir que se realizaran, además de que fuera del horario de trabajo de la contrata, los empleados podrían hacer lo que quisieran.
El vallado en Valorio y los problemas de pago de Raga
El vallado de la fuente de Félix Rodríguez de la Fuente, la hilera de maderos que rodea la infraestructura, es una de las obras menores investigadas y que suscitó diferencias entre el exjefe de Jardines, Alberto Vega Vicente, y el exdirector y exconsejero delegado de Raga, el también investigado en la causa de iniciales G.R.G., por la tardanza en el pago de la minuta a la empresa que vendió los elementos. La reclamación está llevaría a Vega Vicente a llamar la atención al exdirectivo de la concesionaria, de modo que apremia a G.R.G. para que realice el pago del “vallado de la obra de Valorio que habéis cobrado hace tres meses, no corresponde a los gastos de mantenimiento, pero eso tú ya deberías saberlo”. Una conversación que se produciría después de que la empresa le comunicara a Vega Vicente que “llamamos cada día a Raga en Madrid y no conseguimos ni una respuesta, siempre están reunidos. ¿Tienes manera de interceder?”.
La ejecución del vallado perimetral del estanque, adjudicado a Raga como obra menor, corrió a cargo, además, de trabajadores contratados para cubrir las vacaciones de verano del personal de la contrata principal, según manifestó el capataz del servicio durante la instrucción, trabajadores que tenían encomendado el mantenimiento en determinadas zonas de la capital.
