La Fiscalía Provincial, que admitió que “está claro que en la administración de la cooperativa La Calera había un desorden total, que nunca se ha llevado una contabilidad clara, que había entrada y salida de dinero sin justificarse”, mantuvo ayer su tesis de que los dos socios que denunciaron no pueden reclamar cantidad alguna.

La fiscal sostiene que los denunciantes no están legitimados, “no tienen derecho a reclamar” porque han acudido a la justicia cuando ya no formaban parte de la cooperativa de Villalobos, a cuyo expresidente le exigen la devolución de 90.000 euros que aseguran que se apropió entre 2008 y 2009. Un delito por el que los denunciantes exigen a la Audiencia Provincial 10 años de cárcel para el imputado, A.F.B., petición a la que se opuso ayer la Fiscalía en sus conclusiones, tras finalizar el juicio, porque “no tenemos pruebas de que se haya llevado” el dinero.

En ese sentido, incide en que había tres personas con acceso a las cuentas de los bancos además del acusado; y que se podían solicitar préstamos con la firma de esos responsables de la sociedad cooperativa, por lo que el delito de apropiación indebida no se puede probar.

Respecto de la administración desleal, la Fiscalía abunda en que el imputado no habría obstaculizado el derecho de los socios a conocer el estado de sociedad, ya que “ha habido asambleas en las que se rendía cuentas”.

“Sí se llevó el dinero”

La acusación particular, por contra, llegó ayer a afirmar que el acusado “sí se llevó el dinero”, que simuló préstamos a la cooperativa para quedarse con las cantidades que reclaman sus clientes; que actuaba de forma ficticia con ingresos de “10.000 euros, 7.000 euros, 20.000 euros o 18.000 euros", como en noviembre de 2008, sin justificar y que dice haber ingresado, en algún caso, “porque había que pagar cosas”, sin concretar. “No hay documento en caja, no entrega ni uno a la contable”. El abogado afirmó que este caso es “la punta del iceberg” de una forma de administrar llena de irregularidades”.

La defensa dice que el consejo rector podía controlar las cuentas

El abogado del expresidente de La Calera se agarró a la falta de legitimación de los dos denunciantes para alegar que se había vulnerado el derecho del principio de defensa del imputado y pedir su absolución. Recordó que los socios solo pueden obtener un resarcimiento económico de la cooperativa, “lo que establece el mercado mercantil”, esa posibilidad dejó de existir en el momento en que los denunciantes abandonan la sociedad y “reciben su parte”. Aludió al consejo rector de la cooperativa como órgano de control de la gestión e incidió en que no existe un administrador único que formula las cuentas. Y apuntó que otros socios hacían ingresos en las cuentas, no solo el procesado.