Los 2,3 millones de ingresos que el impuesto de plusvalías aportaría en 2022 a las arcas municipales se han quedado en papel mojado de un plumazo, tras la anulación del sistema de cálculo por el Tribunal Constitucional, sentencia que “descuadra el presupuesto” del Ayuntamiento de Zamora, explica el concejal de Hacienda, Diego Bernardo Rosas. El problema es que la decisión del Alto Tribunal, que afecta a uno de los impuestos de mayor peso para la economía de la institución local junto al IAE, llega cuando la previsión de gasto estaba ya casi cerrada y obliga a replantear las cuentas al tratarse de “una cantidad de dinero importante” en un presupuesto municipal de 60 millones de euros.
El equipo de Gobierno de IU en el Consistorio deberá ahora “hacer encaje de bolillos en la partida de ingresos” para mantener inalterables las inversiones de 2022 dentro de lo posible, ya que descartada la alternativa de tirar de la subida de otros tributos, “tras un año sin subir impuestos, tampoco queremos hacerlo ahora”, apunta Bernardo Rosas. La mirada se dirige al Ministerio de Hacienda, al anuncio hecho a las pocas horas de conocerse la sentencia sobre la adopción de medidas para paliar las consecuencias económicas que tendrá para los ayuntamientos que aplican el gravamen, que no son todos, por ejemplo, Puebla de Sanabria optó por descartarlo, explica su alcalde socialista, José Fernández.
“Confiamos en que el Gobierno muy en breve dé una solución que permita mantener legalmente el impuesto y lo refrende para ajustarlo a la Ley de Haciendas Locales”, apuntó el edil de IU. Lo que sí tiene claro el Ayuntamiento de Zamora es que el gravamen “se aplicará de la forma menos lesiva para los ciudadanos” una vez que se concrete el nuevo sistema de cálculo. El Ministerio comunicó ya ayer a los ayuntamientos que “está trabajando en un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica” a las administraciones locales, apuntó el concejal de Hacienda zamorano.
El PP pide compensaciones
Las reacciones desde el PP no se han hecho esperar y reclama al Gobierno del PSOE “un fondo de compensación que sirva para paliar la pérdida de una fuente importante de financiación, de ingresos para los ayuntamientos”, declaró el presidente de los populares en Zamora y vicepresidente primero de la Diputación Provincial, José María Barrios Tejero. Hizo especial hincapié en la importancia de un gravamen que permite a los consistorios “seguir prestando servicios públicos como alumbrado o guarderías municipales”, entre otros.
El PP denunció ayer “la desidia y la pasividad del Gobierno del PSOE y sus socios de Podemos e IU ante los informes que alertaban de la inconstitucionalidad de las plusvalías, que pone en peligro la prestación de muchos servicios públicos a los vecinos por parte de los ayuntamientos”. Barrios recalcó que la sentencia “se veía venir y aun así el Gobierno tripartito de Pedro Sánchez no ha hecho nada al respecto, y ahora tiene que actuar deprisa y corriendo, como siempre”.
Benavente perdería unos 300.000 euros al año; y Toro, 150.000 euros
El Ayuntamiento de Benavente es el segundo más perjudicado de la provincia con la anulación del sistema de cálculo de la plusvalía, cuya recaudación le permitía ingresar unos 300.000 euros al año, explicó el alcalde del PSOE en Benavente, Luciano Huerga, una cantidad nada despreciable para un presupuesto municipal de 16 millones de euros. La decisión del Constitucional, “en litigio desde 2012, es un problema larvado por la inacción de los gobiernos del PP que se negaron a realizar el cambio normativo”, criticó Huerga. El regidor de Benavente subrayó que “desde el Gobierno de España, y desde la FEMP, a la espera de ver el calado de la sentencia, se adoptarán las medidas oportunas, se hará una regulación ad hoc para financiar a los municipios, conscientes de la gravedad de la situación para las arcas municipales”.
El Ayuntamiento de Toro verá mermados sus ingresos, en unos 150.000 euros, “un 10% del presupuesto municipal”, adelantó ayer su concejal de Hacienda, Ángeles Medina, que está evaluando la repercusión, a la espera de que la FEMP, a cuya Ejecutiva pertenece el alcalde Tomás del Bien, tome cartas en el asunto. La edil del PSOE destacó que “no es el mejor momento” para que llegue esta decisión, mientras ponía la vista en las consecuencias para los próximos ejercicios económicos, “hay que ser cautelosos” hasta que se conozca el contenido exacto de la sentencia “y ver qué ocurre con esta, es muy precipitado hacer una valoración ahora”, zanjó.
La Cámara de la Propiedad, cauta hasta ver la sentencia
El secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, Salvador Prieto, ha preferido ser prudente a la hora de valorar las consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional porque “se desconoce cómo se articulará la fórmula de cálculo” del impuesto de plusvalía y “podría tener repercusión directa en las autoliquidaciones”. La cautela se impone, a su entender, hasta que se defina cómo se modificará la Ley de Haciendas Locales, máxime cuando afecta a herencias, a la mayor parte de transacciones, donaciones o actos de compra-venta. Y habrá que ver también cómo influirá la sentencia en los actos que no son firmes.
