La clave para buscar oportunidades en la despoblación está en “encontrar un modelo propio” en el que la equidad y la igualdad de derechos para los ciudadanos de territorios afectados permita favorecer el asentamiento, con medidas encaminadas a garantizar el derecho constitucional de la libertad de elegir el lugar de residencia.
La herramienta fundamental, además de legislar teniendo en cuenta la protección de los derechos fundamentales (educación, sanidad, servicios sociales) como propone el Consejo Consultivo de Castilla y León en su novedoso informe, es la reforma de la financiación autonómica, según se puso de manifiesto ayer en Zamora en la Jornada de Estudio organizada por esa institución sobre “Respuestas normativas frente a los retos demográficos”. Una reflexión que reunió a técnicos del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y la de Extremadura, bajo la moderación de la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Marisol López.
Los cuatro territorios coinciden en que el replanteamiento de la financiación autonómica debe regirse por el principio de solidaridad, que se convierta en paradigma para caminar hacia el equilibrio entre territorios del país, dentro de la comunidad autónoma y a nivel local. No hay que perder de vista, subrayaron los expertos, que en la España Despoblada, las capitales de provincia también comienzan a sufrir la lacra migratoria, apuntó el consejero del Consultivo castellano y leonés, Francisco Romero.
El experto en demografía defiende la necesidad de que el Estatuto de Autonomía dé importancia al reto demográfico, con sistema de evaluación para determinar el impacto demográfico de esta norma; que se analice la evolución del mismo en un documento que “debe ser más que un trámite” porque, sin conocer las dimensiones del impacto demográfico, se pierden las referencias. Considera necesaria una ley propia específica.
Un objetivo que no podrá alcanzarse sin un “cambio de mentalidad” que permita mantener los servicios de educación, sanidad, transporte público, conexión a Internet, entre otros, esenciales para frenar esa desertización que atenaza a la España Despoblada. Romero aludió a la trascendencia de crear una guía de principios y marcos “con honestidad intelectual” para dar herramientas al Gobierno autonómico para combatir la despoblación a través de las leyes, ahora que los tribunales, dijo, se están tomando en serio este problema. Habló de un necesario diagnóstico valorativo y estructural, que recoja las causas y consecuencias, consensuado y compartido por todos los partidos políticos.
Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio de Castilla y León, Antonio Calonge, habló de la creación de nuevos instrumentos basados en estrategias de dinamización demográfica, tarea encomendada a universidades públicas gracias a un convenio con la Junta. Y apuntó que la Ley de Dinamización Demográfica suplirá la falta de modelo de gobernanza que ha habido. “Es necesario pasar a la acción”, indicó, al tiempo que recalcó que el borrador de esa norma contempla estrategias realistas y participadas, con medidas concretas, como el transporte a demanda gratuito, escuelas de tres alumnos en el medio rural, desde la sostenibilidad y la transversalidad para ir con la despoblación. En los presupuestos generales habrá un anexo para identificar medidas cuantificadas para la despoblación.
La Xunta de Galicia, cuya comunidad con la despoblación más alta del país, dispone de una Ley de Impulso Demográfico desde mayo con medidas muy concretas como la potenciación de un banco de tierras para mantener el liderazgo en producción láctea y forestal, explica Jacobo Rey, director general de Dinamización Demográfica. Una norma transversal, que aplica el análisis demográfico y que nació de “trabajos muy plurales”, con expertos de la Universidad, sindicatos, “el objetivo era involucrar a la sociedad”. La coordinación administrativa es básica, “si no se involucra a todos, saldrán dañadas las políticas” a poner en práctica.
Frente al grave problema de natalidad, Galicia ya tiene casas nido; miniescuelas en zonas rurales sin recursos de conciliación; estudia el retorno de gallegos emigrados y ve una “oportunidad” en la migración latinoamericana. Rey advirtió que “no hay soluciones mágicas” para resolver un problema estructural de España y Europa. “El reto demográfico ha llegado tarde, luchamos a contratiempo en sociedades que envejecen, no solo envejecidas”.
Jesús Alique, comisario para el Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, donde más del 90% del territorio es rural, con la densidad más baja de población junto con Castilla y León, ha legislado; ha llevado a cabo “una clasificación del territorio” acorde con la ocupación poblacional y el riesgo de despoblación, donde “se actúa de forma especial”. La política fiscal se concreta en deducciones de diferente tipo para favorecer el asentamiento de empresarios autónomos y residentes. Las políticas de desarrollo local de Castilla-La Mancha, desde la transversalidad de la normativa y con “un enfoque multidisciplinar en la acción integral de lucha contra la despoblación”, se concretan en abrir escuelas con 4 niños; asistencia avanzada o recursos a 40 kilómetros de su municipio o transporte a demanda.
Extremadura dispone de una Ley de medidas “consensuada, de todos”, para mantener los servicios públicos y lograr el retorno rural. Apuesta por la diversificación económica, la economía circular, la transición ecológica, la cooperación transfronteriza, el impulso a las nuevas tecnologías e incentivar la rehabilitación de las viviendas, abunda Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo rural.
“Igualdad de capacidades”
En todo este entramado de políticas para frenar la despoblación no hay que perder de vista el principio de desigualdad consistente en “distribuir los bienes propios de forma diferente para favorecer a los menos desfavorecidos”, en este caso a los territorios, apunta la filósofa, aportó ayer la exsenadora socialista y consejera Permanente del Consejo de Estado, Victoria Camps. Para la humanista catalana no hay que hablar tanto de igualdad de oportunidades como de igualdad de capacidades, es decir, que se establezcan los medios para que cada ciudadano pueda desarrollar sus capacidades.
La intelectual, frente al neoliberalismo “que nos lleva a defender la libertad sin tener encuentra los valores”, abogó por insistir en “un Estado no considerado como puramente programático que atiende, solo si se puede, esos derechos sociales” garantistas (que frenan las desigualdades territoriales), sino que programe como deberes esos derechos, “que exista mandato de Estado explícito sobre el cumplimiento de los mismos, de los servicios fundamentales, como necesidades básicas que no haya que pedir”. Y que ahora fallan en las zonas rurales: la educación, la asistencia sanitaria, los transportes, las telecomunicaciones, los cambios digitales, etc.
Se trata, pues, de proteger el derecho a la libertad y a los servicios sociales “que derivan en cierta discriminación positiva que obligan a invertir más”, a una justicia distributiva que Camps hila con la Teoría de la Justicia del filósofo John Rawls que defiende “la libertad igual para todos; la igualdad de oportunidades, y para complementar esta y mejorar ambas a través del principio de desigualdad que sirve para “distribuir los bienes básicos de forma desigual y beneficiar, así, a los más desfavorecidos, a territorios que precisan de atención especial”, como Zamora.
Una vez que el reto de la despoblación ha entrado en la ética como un campo emergente, “hay que ir hacia una democracia cuidadora, desde todos los ámbitos, no solo el sanitario, sino desde el respeto al otro, que consiste en “cuidar en un mundo tan agresivo, tener un actitud de respeto, volver a mirar, es atender a personas en una situación más débil”, una visión que puede extenderse a los territorios.
