Los siete investigados en el caso Raga por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública y malversación en el Servicio de Parques y Jardines han recibido ya la comunicación del Juzgado sobre la solicitud de la imposición de casi un millón de euros de fianza que solicita el Ayuntamiento de Zamora, cantidad de la que exige que respondan de forma solidaria. La misma comunicación ha recibido la Fiscalía Provincial para que decida si está conforme con la petición del Consistorio o considera innecesario ese depósito.
La institución local busca asegurarse, de ese modo, la recuperación de los 981.246,78 euros que la UDEV de la Policía Nacional de Zamora estima que Raga cobró de forma ilegal entre 2014 y 2019 al realizar contratos de obra menor y trabajos de valoración con personal y material adscrito en exclusiva a la contrata de Parques y Jardines, que tendría que haber ejecutado con empleados del Grupo ajenos al servicio municipal.
Los abogados de los investigados por urdir una presunta trama para obtener un beneficio económico ya han anunciado la interposición de recursos para eludir la fianza, que, de entrada, consideran que debería fragmentarse en función de la cuantía que se sospecha que se habría quedado cada uno de los investigados (antes imputados). Un cálculo que la institución considera difícil de realizar por el volumen de contratos de obra menor y trabajos de valoración que incluye la investigación policial, más de 60, así como porque se cree que habría habido otro tipo de actuaciones ilegales, como la falsificación de facturas del recambio de ruedas de un camión, el repostaje de combustible o la venta de material de la contrata en Internet.
Entre los investigados se encuentran dos exdirectivos de la adjudicataria Raga, de iniciales G.R.G. y A.G.I.; cuatro trabajadores del área municipal; y el exjefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, con otro procedimiento judicial en marcha por delitos de corrupción al frente de la Jefatura del servicio municipal que podrían superar los 80.000 euros, según las diligencias.
En esa causa figura como investigada una empresaria gallega, de iniciales G.N., a la que el funcionario habría adjudicado 15 contratos de obra menor de forma directa, algunos a través de una llamada telefónica, según declaró la titular de la empresa Iocus Romina. Esa es, precisamente, la pieza principal de la investigación de la que ha surgido la que trata de demostrar las posibles ilegalidades del Grupo Raga en presunta connivencia con Vega y los empleados de la contrata, según las diligencias que dirige la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora.
La juez tendrá que estudiar cada uno de los recursos para determinar si finalmente obliga a depositar las cantidades hasta alcanzar el casi millón de euros, supuesto en el que, de no aportar cantidades en metálico, puede emprender el embargo de bienes de los siete investigados.
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