La Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades en la aplicación de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) en media docena de empresas de la provincia de Zamora, a las que se aplicarán las correspondientes sanciones por haber cometido fraude. El Gobierno, hasta la fecha, ha supervisado a 222 empresas en el territorio y ha concluido ya los expedientes de 144 de ellas, arrojando la cifra de seis sociedades infractoras. Estas conductas fraudulentas han sido detectadas tras la investigación de miles de empresas de todo el país que se han acogido a esta figura para salvar los muebles tras la irrupción del coronavirus. Hasta la fecha, de hecho, casi 6.000 sociedades españolas han sido multadas por este tipo de prácticas contrarias a la legalidad vigente.
Los casos más habituales de fraude en los ERTE se corresponden con empleadores que deciden mantener en suspensión a sus trabajadores, pero los mandan a la tarea sin cumplir con las obligaciones de darlos de alta y pagar cotizaciones y salarios, tal y como ha desvelado el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. Una práctica que supone cometer infracción según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que conlleva multas de 6.250 a 187.500 euros, en función de la gravedad del fraude, el tamaño del negocio o los trabajadores que estén afectados por dicha situación.
Junto a la práctica de contar con trabajadores cuyo contrato está suspendido o reducido por ERTE, entre las causas de las infracciones se encuentra también la no comunicación al SEPE de la recuperación de trabajadores o el hecho de no mantener el empleo durante los seis meses posteriores al ERTE.
El Gobierno de España, por el momento, ha detectado esa media docena de fraudes en la provincia de Zamora de entre los más de 200 expedientes abiertos tras el estallido de la pandemia, aunque la Inspección de Trabajo mantiene todavía abiertas sus investigaciones.
