El Gobierno de España ha dado luz verde a la prórroga de las ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) asociados a la pandemia hasta el 28 de febrero de 2022. Un documento que introduce importantes novedades, como la aparición de la reorientación laboral de los trabajadores. Desde noviembre, los nuevos ERTE serán formativos y estarán vinculados a la mejora de la capacitación de los empleados, de forma que las empresas se beneficiarán de mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social si realizan acciones formativas. Una medida que, en la provincia de Zamora, podría beneficiar a medio millar de personas, las que actualmente se encuentran en suspensión de contrato, a quienes se les planteará la recualificación para evitar que después de la paralización llegue el despido.

El descuento que prevé realizar el Gobierno de España sobre las cotizaciones sociales será del 80% para todas las empresas que realicen acciones formativas, pero disminuirá si no se imparte la formación: al 50% para las microempresas (menos de 10 trabajadores) y al 40% para el resto. Las empresas de menos de 50 trabajadores deberán emplear 30 horas por persona en acciones formativas, que suben a 40 horas para el resto de compañías. Estas acciones, que serán financiadas fundamentalmente con dinero público, deberán desarrollarse durante la jornada suspendida. Además, el Gobierno mantiene la figura del ERTE de impedimento exonerado de cuotas sociales al 100%, al que podrán recurrir las empresas afectadas por nuevas restricciones administrativas a causa de rebrotes de coronavirus.

La sexta prórroga del mecanismo de ayudas públicas a los ERTE se hará en dos pasos. Durante todo el mes de octubre el mecanismo se prorrogará en los mismo términos vigentes hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de noviembre, y hasta el 28 de febrero se pondrá en marcha el nuevo sistema de bonificaciones incrementadas para las empresas que presten formación a sus trabajadores en ERTE acordado con los agentes sociales. Eso sí, esta prórroga no será automática como la anterior, sino que las empresas deberán solicitar un nuevo ERTE antes del 15 de octubre y la administración deberá admitir o no la solicitud en un plazo de 10 días, después de los que el silencio administrativo pasará a entenderse como positivo.

La prórroga de los ERTE lleva de la mano la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 del esquema de protección para trabajadores autónomos, que prácticamente se mantiene sin cambios, salvo en el caso de la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no pueden acceder a ninguna otra ayuda para este colectivo. El Gobierno ha decidido mantener la prestación extraordinaria por bajos ingresos para aquellos autónomos que no han podido optar a las ayudas anteriores, si bien ha dificultado el acceso a la misma, elevando del 50 al 75% la caída de ingresos que deben acreditar y situando en el 75% del SMI el rendimiento máximo. La cuantía de esta ayuda está fijada en el 50% de la base mínima. De cara a los cuatro próximos meses, el Gobierno exonerará las cotizaciones sociales de este colectivo de manera decreciente: octubre (90%), noviembre (75%), diciembre (50%) y enero (25%), según ha detallado la administración del Estado.

Todas estas medidas tendrán un coste económico de 1.200 millones de euros, según estimaciones gubernamentales. La prórroga de los ERTE es uno de los acuerdos sociales adoptado el pasado martes por el Consejo de Ministros, en el que también se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 15 euros (hasta 965 euros) pactada con los sindicatos (no, con la patronal), la extensión de las ayudas para los autónomos acordada con las organizaciones y nuevos mecanismos de activación de empleo orientados, sobre todo, a mayores de 45 años y a jóvenes.

Con todas estas medidas, el Gobierno de España pretende blindar el escudo social activado a raíz de la pandemia derivada del coronavirus. La figura de los ERTE ha sido ampliamente utilizada por el empresariado de la provincia de Zamora y todavía quedan 499 personas inmersas, según los datos del Ministerio de Seguridad Social.