El Gobierno de España ha decidido poner coto a las eléctricas ante la desmedida subida de la luz registrada desde comienzos del verano. Mediante un decreto-ley, el Ejecutivo ha planteado una batería de medidas que busca mitigar el impacto de la escalada de precios en la electricidad. Un paquete que no solo articula mecanismos para abaratar la factura del usuario final, sino que también propone una serie de modificaciones en la Ley de Aguas para establecer criterios de utilización racional de los recursos hídricos. En palabras gruesas, se trata de evitar que las compañías vuelvan a actuar como lo han hecho durante esta temporada estival en embalses como el de Ricobayo, esquilmando la riqueza local asociada a los pantanos y provocando efectos adversos sobre la fauna y la flora del conjunto.

Las modificaciones introducidas en la Ley de Aguas han ido directas al artículo 55, donde se referencian las condiciones de explotación de los embalses. El Gobierno ha apostado por introducir una serie de párrafos encaminados a reforzar la postura del organismo de la cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero, para poner una serie de límites a las eléctricas, en este caso Iberdrola. Textualmente, el nuevo documento otorga a la CHD facultados para fijar, al inicio de cada año hidrológico, un “régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a desembalsar para situaciones de normalidad hidrológica y de sequía prolongada; un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes; y la reserva mensual mínima que debe permanecer almacenada en el embalse para evitar indeseados efectos ambientales sobre la fauna y la flora del embalse y de las masas de agua con él asociadas”.

Todo esto se aplicará en aquellos embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos de capacidad total, que en la provincia de Zamora son Ricobayo, Cernadilla, Valparaíso y Villalcampo. De acuerdo con las previsiones del Gobierno de España, para el seguimiento y evaluación de esta medida en el año hidrológico 2021-2022, se prevé que antes de 31 de diciembre de 2021, los organismos de cuenca remitan a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado que recoja la relación de los embalses que han sido objeto de las medidas de explotación racional que se introducen en esta reforma. Una política que busca que nunca más en el futuro ocurran vaciados extremos en los pantanos como los acaecidos este verano.

El embalse de Ricobayo a la altura del puente de la Estrella este verano. | Jose Luis Fernández

El organismo de la cuenca dará cita a los municipios ribereños

La intención del Gobierno de España con esta modificación de la Ley de Aguas es que ningún pantano se quede seco durante la temporada estival, que es la de mayor utilización al margen de la explotación hidroeléctrica. De hecho, destaca como innovación que se procurará que la explotación racional resulte compatible con el desarrollo de las actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños, siempre en el marco del orden de preferencia de usos que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente. Por eso, en el procedimiento de establecimiento de caudales mínimos y máximos a desembalsar, el organismo de la cuenca dará audiencia siempre al concesionario, pero también a los órganos competentes en materia de pesca fluvial de la comunidad autónoma correspondiente y a los municipios ribereños del embalse.

A fin de cuentas, son estos últimos los principales perjudicados en el momento en que se vacía un pantano, como así ha ocurrido durante los últimos meses en el entorno de Ricobayo. El próximo año hidrológico 2021-2022 comenzará el día 1 de octubre y estas modificaciones entrarán en vigor en esa misma fecha. La urgencia del Gobierno se basa, no solo en la manera de proceder de las eléctricas, sino también en el principio de precaución, con el fin de proteger las reservas hídricas de los embalses en una situación de retracción como es la actual, lo que “requiere iniciar de forma inmediata el mecanismo de aplicación de criterios de utilización racional de estos recursos”, de acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno.