La juez acaba de abrir diligencias previas para investigar si el vaciado del embalse de Ricobayo puede constituir un delito contra los recursos naturales y si podría haber perjudicado o afectado de alguna forma negativa a dos Zonas de Especial Protección a la Avifauna (ZEPA), según ha podido saber La Opinión-El Correo de Zamora de fuentes judiciales.

Para determinar si pueden existir esos daños, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Zamora ha pedido ya diversos informes técnicos que ayuden a esclarecer esas posibles infracciones legales. Sobre tales posibles consecuencias de la drástica bajada de caudal del embalse sobre el medioambiente y la biodiversidad de las zonas afectadas tendrán que pronunciarse el servicio del Seprona de la Guardia Civil; la propia Confederación Hidrográfica del Duero e incluso, el Ministerio de Transición Ecológica, así como el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Las conclusiones de esos informes de las distintas administraciones serán decisivos para determinar las responsabilidades de esa actuación antes de iniciar los interrogatorios de los responsables no solo de la compañía eléctrica Iberdrola, sino también de los de la Confederación Hidrográfica del Duero. Del resultado de esos testimonios dependerá, al parecer, el que se llame a declarar al Ministerio de Transición Ecológica, en función de la responsabilidad que pudiera tener respecto del vaciado del embalse, indican las fuentes judiciales consultadas.

La investigación se centrará en las consecuencias medioambientales del vaciado que tuvo lugar entre la última semana de junio y el mes de julio, cuando se produjo el desembalse más fuerte de Ricobayo, alrededor de 1.000 hectómetros cúbicos, una acción que dejó en 120 hectómetros cúbicos el nivel de la presa, lo que supone un 10% de la capacidad total, siempre de acuerdo con los datos que facilitó la propia Confederación del Duero. En la última semana de ese periodo, el agua embalsada pasó de estar en el 23% de nivel de agua embalsada a ese 10%.

El daño a la fauna piscícola pudo ser importante, ya que era época de desove; mientras que muchas de las aves estaban en periodo de cría en las riberas del embalse del Esla y de las zonas de especial protección de la Junta. La legislación autonómica que protege estos espacios impide cualquier modificación medioambiental, ya que el objetivo es blindarlas de forma especial para preservar la fauna en un espacio en el que existen mucha población de corzo y ciervo, que no habrían tenido posibilidad de beber ante el bajo nivel que alcanzaron las aguas del embalse. La biodiversidad se ha visto, pues, muy perjudicada, de acuerdo con la denuncia que estudia ahora la magistrada. El resto de los embalses del alto del Duero estaba por encima de 90% de su capacidad.