El nuevo contrato de parques y jardines se encuentra en una encrucijada. La empresa que hizo la mejor oferta ha manifestado su intención de no prestar el servicio por haber cometido errores a la hora de cuantificar los costes. Una razón que no ha ablandado al Ayuntamiento de Zamora, donde han apostado por seguir adelante con el procedimiento. Pese a que la sociedad Ingeniería y Gestión Medioambiental (IGM) ha presentado dos recursos ante la administración local, en el equipo de Gobierno no han visto motivos legales para paralizar la adjudicación, que se llevará a término el próximo viernes en Pleno. Sin embargo, la prestataria promete dar batalla, como así ha señalado en un recurso de reposición en el que habla de incumplimientos de plazos, ocultamientos de condiciones y errores en la elaboración de los pliegos que utilizará como escudo para tratar de librarse del contrato y recuperar la fianza depositada.

El principal motivo por el que IGM ha decidido desistir del contrato es el económico. Tras la propuesta de adjudicación, la empresa se interesó por conocer el fondo del servicio que se le iba a encargar y fue entonces cuando, según su relato, se dio cuenta de que había cometido “errores de importancia en la oferta económica provocados por la información contenida en los pliegos relativa a la forma de determinar los costes previsibles del servicio”. Un sobrecoste que la sociedad considera “imposible de conocer en la fase de presentación de ofertas”, por lo que rechaza que se le pueda atribuir.

De acuerdo con la tesis defendida por IGM, los pliegos no tienen en cuenta la situación de pandemia por el COVID, que impone “unas normas que obligarán durante toda la gestión del servicio a cumplir unos estándares de salud y seguridad no contemplados” ni cuantificados. Cita al respecto, por ejemplo, la necesidad de “sobredimensionar” los actuales vestuarios del personal o la “constante limpieza” de los materiales de uso general. Además, a ello “habría que añadir los previsibles numerosos casos extraordinarios de absentismo” por coronavirus, coste también imputable a la contrata. “La duración de la pandemia es impredecible y no existía cuando se redactaron los pliegos, así que no hay presupuesto para ello”, denuncia.

Junto a esto, la empresa ha advertido que los salarios “son mucho mayores” de lo que figura en los pliegos y que no conocía los pluses del personal subrogado, como tampoco que “los dos técnicos y el técnico no titulado disponen de derecho adquirido de vehículo”, que cuantifica en 6.000 euros por vehículo y año. Razones que hacen el servicio “inviable económicamente” en relación con la oferta presentada por IGM.