La Gaceta de Madrid fue el soporte sobre el que se hipotecó el futuro hídrico de la provincia de Zamora para más de cien años. En esta suerte de Boletín Oficial del Estado de la época, el 24 de agosto de 1926, la dictadura de Primo de Rivera publicaba la concesión de la explotación hidráulica del Duero a la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos. El texto facilitaba la construcción de cinco presas entre Zamora y Salamanca, a la espera de si Portugal decidía entrar o no en el negocio. Por aquel entonces, el vecino luso popularizó la expresión “o robo do Douro”; al final, no le quedó más remedio que negociar. El documento era claro al respecto: “Quedarán estas concesiones sujetas a reversión en el plazo de 75 años, o de 99 si demuestra el concesionario que la regularización alcanza la intensidad que exige el Real Decreto de 1922”. Sin embargo, hoy, 95 años después, las presas zamoranas están lejos de volver a dominio público. ¿Por qué?
La primera explicación sobre esta laxitud a la hora de contabilizar los plazos se encuentra en el propio documento de 1926. En uno de los artículos, se establece que los años de concesión comenzarían a sumar para cada aprovechamiento a partir de la conclusión de las obras e inicio de la explotación. Esto razona, por lo tanto, por qué hay explotaciones que vencen en 2024 y otras que lo harán en 2064, al haberse iniciado los aprovechamientos entre 1935 y 1989 (en ampliaciones). Sin embargo, unas líneas más abajo de ese mismo texto de hace casi un siglo también se pone negro sobre blanco que todos los proyectos debían estar presentados en el plazo de cuatro años desde esa fecha y construidos ocho años después. Una cuestión incumplida de inicio, habida cuenta de que, en esa fecha, que sería agosto de 1930, tan solo estaba ideada la presa de Ricobayo y ninguna de las restantes había comenzado a mover una sola porción de tierra para convertirse en una realidad.
El doctor en Derecho, Félix García de Pablos, ha elaborado un minucioso estudio sobre cómo la provincia de Zamora se quedó sin uno de sus bienes más preciados, como es el agua, por más de un centenar de años. De acuerdo con su tesis, reiterados incumplimientos de esa primera concesión y de las sucesivas leyes de gestión del agua han impedido que el aprovechamiento de este valioso recurso revierta en dominio público. Todos los datos se encuentran recogidos en la publicación “La canción triste del Duero”, donde el experto lanza una mirada hacia el futuro de las presas.
A menudo es complicado conocer cuándo terminan las concesiones, pero de acuerdo con las cifras ofrecidas por García de Pablos, la luz se ha hecho en un momento en que los ciudadanos piden conocer. Así, la explotación de las presas Villalcampo I y II debería concluir el 10 de octubre de 2024 y las dos de Castro, el 22 de julio de 2028. Todo ello, tomando en consideración las fechas de su puesta en funcionamiento y ese plazo de explotación de 75 años. Sin embargo, en lo referente al embalse de Ricobayo, el asunto es más engorroso.
Y es que, la primera de las presas en ser ejecutada y cuya fecha de inicio de actividad data del 4 de febrero de 1935, consiguió en el año 1993 una prórroga por otros casi treinta años de actividad. Esto quiere decir que, si su plazo de reversión de 75 años debía haber cumplido el 4 de febrero de 2010, la explotación se mantendrá vigente hasta el 17 de diciembre de 2039. Un total de 104 años de aprovechamiento para Iberdrola. Un negocio redondo.
La concesión original ya planteaba una “tutela del Estado y posible revisión de las tarifas”
La electricidad es hoy cuatro veces más cara que en el primer fin de semana de septiembre del pasado año y el Gobierno trata de maniobrar para que el ciudadano deje de sufrir la codicia del mercado. Una cuestión que ya se planteaba en la propia concesión de los aprovechamientos hidráulicos del Duero en la provincia de Zamora publicada aquel 24 de agosto de 1926. Textualmente, el documento habla de un equilibrio garantizado por el poder para que tanto empresa como pueblo se beneficien de esta explotación: “Las consideraciones de orden económico-social, así como el concepto primordial de proporcionar al consumidor las más seguras bases para alcanzar las mejoras que de este progreso industrial debe lógicamente conseguir, podrán ser atendidos con la garantía precisa si la intervención y tutela del Estado guía, de un lado, hacia la sindicación con las industrias similares y, de otro, obliga a someterse a reglas precisa de revisión posible de tarifas de venta en las que, protegiendo debidamente al capital, encuentre el consumidor las bajas de precio que al gran desarrollo de la producción y al consumo debe corresponder”.
Junto con esto, el número 236 de la Gaceta de Madrid vaticinaba que el aprovechamiento hidráulico del río Duero generaría importantes beneficios para la provincia de Zamora. Aunque, eso sí, lo hacía a las maneras de la época. “Estas obras, Señor, darán en su conjunto riquezas y esplendor a vuestros viejos reinos de Castilla y de León, poderosa fuerza expansiva y medios de asistir, por su fácil transporte, a la concurrencia mundial de exportación”. A la vista de los hechos, queda demostrado que aquello fue más un deseo que lo que posteriormente ocurrió. Y es que, a excepción de algún que otro patrocinio, la repercusión de esta explotación para los intereses de los zamoranos y de su economía no ha sido tan boyante como preveía la dictadura de Primo de Rivera. Ni los plazos ni los deseos se cumplieron respecto a esa publicación que dentro de apenas cinco años cumplirá un siglo de vida y seguirá vigente.
Consulta aquí el documento oficial de 1926 que concedió el aprovechamiento hidráulico del Duero.
