El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se sumó este miércoles a las voces críticas con el desembalse de Ricobayo. El responsable autonómico se mostró especialmente contundente y calificó el vaciado de “temerario para los recursos hídricos, arriesgado para el medio natural y un atentado contra la actividad económica” de los municipios de la zona.
Suárez-Quiñones se despachó de este modo durante una visita a la localidad leonesa de Brañuelas, en la que dejó patente que su postura es la de todo el Gobierno de la Junta. El Ejecutivo dirigido por Mañueco percibe “de forma muy negativa” el movimiento llevado a cabo por Iberdrola en este contexto medioambiental y de encarecimiento de la luz, por lo que el consejero habló de “malestar” y confirmó que ya ha trasladado esa sensación al Gobierno de España.
De hecho, el responsable de Fomento y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico envió una carta el pasado 13 de agosto a la ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que ya dejó patente su rechazo al desembalse “por varias razones”, entre las que destaca, en primer lugar, el punto de vista de la protección del medio natural.
En ese sentido, Suárez-Quiñones remarcó que, “aunque pueda haberse cumplido la concesión de agua autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero, resulta temerario vaciar el embalse en el estado de escasez actual de recursos hídricos, sin saber además qué le espera en los próximos meses a las reservas de agua”. No obstante, el responsable autonómico también pidió que “se verifique si se ha cumplido esta concesión autorizada”.
Un riesgo para la biodiversidad
Por otra parte, el consejero consideró que el estado actual del embalse de Ricobayo supone “un riesgo para la biodiversidad y para el caudal ecológico desde el punto de vista del medio natural”, a lo que se suma que el vaciado “ha sido un desastre” para la actividad económica de los negocios de tiempo libre, ocio y naturaleza ligados a la ribera del pantano.
En este punto, el consejero recordó que el daño a estas actividades que ayudan a dinamizar la economía de los pueblos en el buen tiempo se ha producido en un contexto en el que “el medio rural trata de recuperarse económicamente” tras sufrir, como todos, el duro impacto de la pandemia. De ahí que Suárez-Quiñones utilizara la palabra “atentado” para referirse a esta situación “chocante” y que “nadie entiende, porque es difícil de compartir”.
Así las cosas, Juan Carlos Suárez-Quiñones insistió en la necesidad de analizar lo ocurrido, tal y como le trasladó la pasada semana a Teresa Ribera en Ávila, porque “no parece que sea razonable que esto pueda ser así”, al tiempo que reclamó soluciones para los afectados: “Hay que ver qué compensaciones se deben dar a los pueblos y a la actividad de la zona, porque el daño económico ha sido muy importante”, concluyó.
Las palabras de Suárez-Quiñones se suman a un movimiento de rechazo generalizado al desembalse de Ricobayo, una queja casi unánime que este viernes tratará de poner un nuevo altavoz desde la “caminata reivindicativa” convocada a las ocho de la tarde en Palacios del Pan, uno de los municipios afectados, para presionar en busca de una solución.
Rodríguez San León contacta con Escrivá para pedirle que actúe
El expolítico zamorano Luis Rodríguez San León ha remitido una reclamación dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para pedirle que reforme el sistema fiscal y para reclamarle que “se aprueben las leyes, reglamentos y decretos necesarios para que la riqueza que se genera en los saltos del Duero y en el resto de los embalses de producción energética se quede en el lugar donde están instalados”.
El planteamiento de Rodríguez San León se basa en la creación de empresas individuales para cada central de producción energética “con la sede social y fiscal en el municipio donde esté instalada”, y que sea en estas localidades y comunidades autónomas “donde tributen” las firmas que se benefician de los embalses, “con independencia del domicilio social y fiscal matriz”.
La reclamación de Rodríguez San León va en la línea de algunas de las peticiones realizadas por los municipios afectados, que buscan que los ayuntamientos y las regiones que acogen la producción de la energía reciban una contraprestación mayor.
