Ni conoce Murcia, ni ha viajado a esa localidad. Y jamás habría imaginado que la ciudad terminaría por protagonizar una de las experiencias más kafkianas y difíciles de su vida, implicado en una estafa de 61.653,52 euros a un empresario catalán, cantidad que terminó depositada en una cuenta bancaria de la capital levantina de la que el zamorano es titular.

El Juzgado le imputa un delito de Phishing, estafa por internet, de un dinero que asegura no haber visto en su vida, explican fuentes próximas a la investigación, lo que no ha impedido que se vea inmerso en una investigación judicial por un delito que puede costarle entre seis meses y tres años de prisión.

El procesado defiende su inocencia con el argumento de que sus datos personales le fueron robados de su teléfono móvil, hackeado, para luego ser utilizados en esa estafa de la que ha sido víctima la empresa catalana, un delito del que desconoce absolutamente cómo tuvo lugar, afirma. Mantiene que no está implicado en esa operación delictiva, a pesar de que la magistrada de Zamora, en base a los informes de la policía especializada en ciberdelitos, considera que existen indicios de que es el único responsable de la estafa por Internet.

Las investigaciones apuntan a que el acusado “envió a la empresa” perjudicada “un enlace o correo electrónico” para que hiciera el pago de una deuda de 61.653,52 euros, relativa al coste de trabajos que había encargado la sociedad catalana.

Sin embargo, defiende que es el primer sorprendido de lo ocurrido, según fuentes próximas al único procesado, que en su defensa dice que un experto informático, tras conseguir robar sus datos personales de su teléfono móvil para abrir la cuenta bancaria en Murcia, hizo lo mismo con el ordenador del empresario perjudicado. De allí habría tomado la información necesaria para realizar la transferencia de la cuenta de la empresa a la personal del procesado. Pero la juez mantiene el procedimiento judicial contra el zamorano, quien se dice cabeza de turco del mismo hacker que manipuló su teléfono móvil y que logró acceder a las cuentas bancarias de la empresa catalana. Una vez hackeado el sistema informático de la firma, accedería a esos documentos que le permitieron engañar a la sociedad y sacarle 61.653 euros para ser derivados a la cuenta del zamorano.

El único procesado por esta estafa no ha podido aportar aún pruebas suficientes para exculparse del delito por el que todo apunta que le juzgarán. Desconoce quién pudo manipular su terminal. Y sostiene que esa personas ha desaparecido sin dejar rastro por los conocimientos que le blindan como experto en nuevas tecnología, redes sociales e informática, con conocimientos en programación que le permiten conocer “las debilidades de un sistema” informático y "sortear la seguridad del mismo”.

Los delitos informáticos de tipo económico están aumentando de forma paulatina, de acuerdo con datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Zamora, puesto que buena parte de la vida se ha trasladado a la redes sociales, especialmente con la irrupción del COVID que ha modificado la forma de relacionarse.