El Gobierno de España ha advertido a Iberdrola de que podrá intervenir el aprovechamiento hidráulico en el embalse de Ricobayo si persiste en este vaciado sin precedentes que lleva ejecutando desde el pasado mes de julio. Una práctica que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado como “escandalosa” y que el Estado ya está investigando ante la gravedad del asunto y sus previsibles consecuencias. La vicepresidenta tercera ha señalado que “no es razonable vaciar un pantano en seis semanas” y ha aludido a la Ley de Aguas para establecer limitaciones a la explotación de la eléctrica. De hecho, ya se ha enviado una carta a la empresa para pedirle explicaciones, aunque todo apunta a un recrudecimiento de la situación en las próximas jornadas.

La ministra Ribera ha entrado de lleno en la polémica por el vaciado del embalse de Ricobayo. Una situación que “tiene que ver con las cláusulas concesionales que, probablemente, no preveían una distribución a lo largo del tiempo o una intervención para garantizar caudales mínimos o ecológicos de los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año”. Por esta razón, de acuerdo a la tesis defendida por la vicepresidenta tercera, Iberdrola no estaría incumpliendo ninguna normativa, pero sí fallaría a su compromiso social. “Probablemente, esto es algo legítimo, pero no es razonable que ocurra”, ha señalado.

Ribera ha puesto de manifiesto la importancia del agua, “un bien escaso tan importante para el bienestar de las familias como para la actividad económica” en materia de electricidad. “Pero su distribución no puede quedar sujeta a un volumen máximo permitido anual sin ningún tipo de criterio y con arreglo a lo que en cada momento convenga económicamente más a la empresa concesionaria”, ha añadido la vicepresidenta.

Para dejar de ver “este tipo de imágenes tan dramáticas”, la ministra de Transición Ecológica ha destacado la importancia de mantener la calidad y el volumen necesario en las masas de agua que no solamente tienen usos concesionales distintos, “que probablemente se están respetando”, además de las características propias de una masa bien conservada y con caudal suficiente.

Por toda esta situación, Teresa Ribera ha avanzado que el Gobierno de España puede ponerse en la tesitura de tener que aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas, donde se prevé que por razones extraordinarias se puedan introducir limitaciones al vaciado del caudal de los embalses. Una cuestión que compete directamente, en este caso, a la Confederación Hidrográfica del Duero. De acuerdo con el texto literal de ese artículo, el organismo de la cuenca podrá “condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional”.

Pese a la polémica que se ha levantado alrededor del embalse de Ricobayo, Iberdrola continúa sin pronunciarse al respecto, siguiendo una política que ha mantenido desde el inicio de esta crisis. Sí lo han hecho, en la jornada de ayer, desde partidos políticos hasta asociaciones de consumidores, pasando por los vecinos de las localidades ribereñas afectadas de manera directa por este vaciado del pantano. De hecho, los municipios perjudicados han vuelto a insistir en que Iberdrola debe “corregir de manera inmediata la situación de desertización” que ha provocado en los territorios adyacentes a este embalse, ahora secado.