Facua-Consumidores en Acción ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que investigue la “drástica” reducción de agua que están sufriendo los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, por si la empresa pudiera estar aprovechando la coyuntura de las nuevas tarifas y el encarecimiento de la luz para desembalsar más agua de la debida y multiplicar así su producción hidroeléctrica. Se trata de la última organización que ha mostrado su preocupación ante el vaciado del pantano zamorano, después de que el asunto haya saltado a la palestra nacional debido a la gravedad de los hechos acontecidos.

Sobre el embalse de Ricobayo, desde Facua han denunciado que mientras el caudal del embalse se mantuvo estable durante el 21 de mayo y el 11 de junio, a partir de esa fecha la empresa comenzó a vaciarlo para generar más energía, tras el cambio del sistema tarifario eléctrico y las constantes subidas en el precio de la luz que viene produciéndose desde hace meses. “El 1 de junio, día que entraron en vigor las nuevas tarifas, la cota del embalse estaba en 658 hectómetros cúbicos de agua. En apenas dos meses la cota se ha reducido en un 79%, situándose en 133 hectómetros cúbicos”, han afirmado desde la organización de consumidores.

Acerca del de Valdecañas, desde Facua han apuntado que, según datos de la Confederación Hidrológica del Tajo (CHT), dicho embalse se encuentra actualmente al 21,65% de su capacidad, 20 puntos menos que en 2020. Esto, según Facua, se debe a que lo han dejado en su cota mínima (290 metros cúbicos).

Pesquisas del Seprona

Quienes sí están investigando ya la situación que envuelve al embalse de Ricobayo son el Juzgado número 4 de Zamora y el Seprona. De acuerdo con la información que ha recabado este diario, el servicio medioambiental de la Guardia Civil se está encargando del asunto después de que un grupo de ciudadanos, encabezados por el exparlamentario nacional Luis Rodríguez San León, se personaran en los tribunales a principios del mes de agosto para acusar a Iberdrola de un presunto delito contra los recursos naturales que vulneraría el artículo 325 y siguientes del Código Penal, al haber provocado daños en el medio ambiente con el vaciado deliberado del embalse del Esla “de forma incontrolada y abusiva”.

Los responsables de esta denuncia quieren también que el Gobierno saque a licitación la explotación de la presa, al considerar que todos los plazos se encuentran ya caducados. En la petición incluyen el establecimiento de nuevas condiciones como que la nueva concesionaria registre su domicilio fiscal en la provincia de Zamora, para evitar que los impuestos de la electricidad producida en la provincia acaben en la Hacienda del País Vasco, como así está ocurriendo ahora con Iberdrola.

La batalla legal por el vaciado y el futuro del embalse de Ricobayo tiene demasiados frentes abiertos en la actualidad, aunque el más contundente ha sido el que ha iniciado el Gobierno de España con su amenaza a la eléctrica para limitar su actividad si persiste en este tipo de comportamientos.