El que fuera presidente de la cooperativa de cereales La Calera, situada en Villalobos, se enfrenta a la petición de 10 años de cárcel por la supuesta apropiación de 90.000 euros de la sociedad, así como por la presunta administración desleal de la misma, hechos por los que el juez de Villalpando que investigó la causa solicitó una fianza de 46.667 euros al imputado, de iniciales A.F.B. denunciado por dos socios. Ordenada la apertura de juicio oral, será ahora la Audiencia de Zamora la que depure las posibles responsabilidades penales del acusado como administrador de La Calera entre 2008 y 2009, a pesar de que la Fiscalía Provincial no se suma a la acusación impulsada por los dos integrantes de la cooperativa. Estos añaden otro posible delito que pudo cometer A.F.B. contra el derecho de los socios a conocer las cuentas, según la información a la que ha tenido acceso este diario.

La juez imputa al procesado el giro de “facturas y recibos personales a la cuenta de la cooperativa y el uso de 66.258 euros para fines estrictamente personales”. Con tal propósito, fingía la concesión de créditos a la cooperativa, que anotaba en la contabilidad, “para, a continuación, recuperar dichas cantidades de forma real como devolución de esos préstamos que, en realidad, nunca existieron”, de acuerdo con los términos de la investigación judicial.

El juez apunta que el expresidente “realizaba transferencias desde una cuenta de la cooperativa a su propiedad privada “Tijero Agrícola” para el pago de nóminas, seguros sociales”, entre otros conceptos, “sin que hasta la fecha haya demostrado su devolución”, de acuerdo con los documentos aportados por ese banco y que se encuentran entre los hechos probados del auto judicial de imputación. La investigación abierta tras la denuncia pone al descubierto este supuesto modus operandi, que se detectaría también en el pago de “seguros privados o comidas familiares” con fondos de la cooperativa. Otra de las conductas ilegales que se atribuyen a A.F.B. es la realización de “operaciones de venta de grano de la cooperativa con terceros”, efectuadas “con pagarés y cheques a su nombre” y no de la sociedad, según las indagaciones judiciales y el informe pericial de la acusación particular.

Ninguno de esos falsos préstamos pasaba por la Junta de socios, “solo aparecían en la contabilidad”. La cosecha histórica del año 2008 no se vio reflejada en el reparto de beneficios entre los cooperativistas, que se ven obligados a solicitar préstamos para mantener a flote el negocio. En 2010, dos de los socios se dan de baja y se comienza a investigar la gestión, pesquisas que han concluido en el procedimiento judicial e imputación del expresidente. La Calera, que continúa funcionando con tres socios, uno de ellos el acusado, llegó a acumular más de 700 hectáreas y a percibir subvenciones anuales de 100.000 euros, además de lo ingresado por cosecha.