El Partido Popular y Ciudadanos han trasladado un mensaje de normalidad y tranquilidad, en el seno de la coalición que gobierna la Diputación Provincial, tras protagonizar el primer choque público de un mandato que, hasta el viernes, estaba siendo una balsa de aceite. Al menos, de puertas hacia fuera. Ambas partes entienden que las desavenencias exhibidas en el último Pleno del curso constituyen una colisión puntual y defienden que no harán mella en la cohesión del bipartito, que aún tiene casi dos años de trabajo conjunto por delante, si no media un divorcio que ahora mismo se antoja inviable.

Hay que recordar que la discordia entre los doce miembros del grupo popular y el presidente Francisco José Requejo, de Ciudadanos, se produjo por la negativa del PP a respaldar la bajada del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El socio mayoritario de la coalición argumentó, con el informe de Recaudación en mano, que esa medida conllevaría un beneficio especial para la empresa Iberdrola, señalada en la actualidad por el “brutal” vaciamiento del embalse de Ricobayo.

Ya en el Pleno, el vicepresidente tercero de la institución, Javier Faúndez, explicó que el Partido Popular no podía “mirar para otro lado” en un asunto que afecta directamente a varios de sus alcaldes y también a algún miembro de la propia corporación. El grupo fijó ahí una línea roja que se topó con la trazada también por Requejo. En opinión del presidente, la bajada del IAE resulta “necesaria” para apoyar a las empresas y la defensa férrea de esa medida casa con su compromiso de poner “alfombra roja” a los emprendedores.

En este punto de fricción, ninguno quiso ceder. Ambos prefirieron trasladar sus diferencias al Pleno antes que abandonar su posición. En el caso del Partido Popular, la justificación para imponer su criterio sobre el del presidente se basa en su propia implicación en el conflicto abierto con Iberdrola, personificado en algunos de sus dirigentes, como Jesús María Prada o Javier Faúndez, que al día siguiente del Pleno recibieron a los alcaldes afectados por la cuestión del embalse en el mismo salón; el presidente acepta que la actuación de la empresa es cuestionable, pero sitúa por encima el posible beneficio general de la reducción de la carga fiscal.

En el Pleno, venció el músculo de un PP que tiene 12 de los 25 asientos de La Encarnación bajo control y que se vio favorecido por la posición de Izquierda Unida, contraria a ofrecer ventajas a Iberdrola en este escenario. La cuestión queda ahora pendiente de debate, para explorar, como quieren los populares, alguna vía que permita aliviar la presión impositiva sin recular en su idea de marginar a la empresa energética.

Visos de calma

Sea como fuere, todo apunta a que esa discusión se retomará tras el respiro vacacional. El grueso de la actividad se retomará en septiembre, varios de los dirigentes aprovecharán para coger unos días de descanso y todo parece abocado a que la tensión amaine. De hecho, fuentes populares señalan que hay trabajos y proyectos en marcha que requieren del impulso conjunto de los dos socios de la coalición y cuya agenda se mantiene intacta, sin cambios tras el desacuerdo.

Además, este lunes, los distintos responsables mantuvieron sus planes y el propio Francisco José Requejo abandonó las dependencias de Viriato, como estaba previsto, para realizar una visita programada a Pobladura de Aliste.

“Todos los que estamos aquí tenemos claro que lo que nos mueve es ofrecer un impulso y un cambio a esta institución”, apuntó el presidente durante su balance de mitad de mandato, una intervención en la que destacó una sintonía que ambas partes confían en mantener inalterable tras el primer escollo.