Si los planes del Gobierno se cumplen, España contará próximamente con una nueva Ley de Memoria Democrática. El propio Ejecutivo presentó hace unos días el proyecto con el que pretende dar un paso más hacia la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo y en pos de la condena de un régimen que ejerció el poder en el país de forma autoritaria durante casi cuarenta años. Desde Zamora, los colectivos memorialistas valoran positivamente la iniciativa del Ejecutivo de coalición y señalan que constituye “un claro avance” con respecto a la normativa de 2007.
Así lo entiende Eduardo Martín, del Foro por la Memoria, que subraya estos aspectos, pero que también deja patente que el proyecto de ley presenta “numerosas deficiencias heredadas” de la normativa anterior. El representante del colectivo entiende que esa falta de ambición debe ser compensada durante el debate parlamentario, un proceso en el que prevé “las exhibiciones de revisionismo neofranquista de la derecha”, pero en el que espera también que los grupos que forman la mayoría de la investidura aporten unas “enmiendas que en muchos casos se corresponden con las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas”.
En ese sentido, Martín apunta que el colectivo zamorano no está dispuesto a “asumir renuncias en esta última oportunidad”, ni a dejar pasar “otros catorce años para tener una nueva ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a contar con la verdad, la justicia y la reparación”. A juicio del activista por la memoria, “ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo”.
Eduardo Martín aclara cuáles son las cuestiones que más le chirrían del proyecto de ley, y apunta aquí “el no reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del Estado o de los particulares, las ambigüedades en lo referente a la tutela judicial de las exhumaciones o el derecho al acceso a todos los archivos de la represión”.
Además, como tema “simbólico”, Martín considera que la condena al Golpe de Estado y a la dictadura “tendría que tener un lugar más destacado en el proyecto” y debería fundamentarse en “las resoluciones aprobadas por la ONU en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el fascismo y con el nazismo”.
Por otro lado, el representante del Foro por la Memoria también entiende que debería establecerse un régimen sancionador bien definido para suplir “la carencia de desarrollo reglamentario” que tenía la normativa de 2007. El que ahora se propone “es muy limitado y no incluye los incumplimientos de algunos ayuntamientos” en relación a la eliminación de los vestigios del franquismo en su callejero y en la simbología de algunas zonas.
Esa indefinición también se halla en algunas definiciones que aparecen en el proyecto de ley, según Martín. Es el caso del concepto de víctima, que “no incluye a quienes sufrieron condena por los tribunales creados por los sublevados”. “Seguimos padeciendo la herencia de una Transición que se hizo de la ley a la ley”, estima el activista de la memoria.
En cuanto a los aspectos positivos del proyecto, Eduardo Martín considera “esencial” la apuesta por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a los diversos niveles educativos: “Uno de los grandes problemas y déficits de nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y falsificaciones franquistas”, señala el zamorano, que desliza que “amplios sectores de la población siguen viendo como algo natural ciertos comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota de los fascismos en 1945”.
En general, Eduardo Martín sostiene que el proyecto apunta hacia una mejora con respecto al escenario actual, con una ley que pretende “la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, además de buscar el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual durante la guerra y la dictadura”.
“Pretendemos que la ley recoja también un reconocimiento jurídico de las víctimas”, señala por último Martín, que apostilla que “no hay ningún motivo justificado para que no sea así”.
Las instituciones zamoranas han ido cumpliendo de forma paulatina con las exigencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En el caso de las dos principales, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial, su trayectoria ha seguido diferentes vías: la primera “ha hecho buena parte de lo que estaba en su mano”, mientras que la segunda “parece que está volviendo a mover el expediente sobre sus represaliados”.
Así lo explica Eduardo Martín, que reconoce la tarea emprendida por el Ayuntamiento de Zamora, aunque en la ciudad siga encontrándose simbología franquista, como las placas en algunas comunidades de vecinos o la situada en la Universidad Laboral. Allí se erige una inscripción en piedra que reza lo siguiente: “Para que la sangre no vuelva a ser el precio de la justicia, para que el trabajador conquiste su futuro con las nobles armas de la cultura, para que la paz sea la bendición de Dios sobre las almas se fundó esta institución siendo Francisco Franco caudillo de los españoles”.
En cuanto a la Diputación, Martín señala que sería “deseable” que las intenciones expresadas recientemente por el equipo de Gobierno se plasmen, para evitar nuevos retrasos. Cabe recordar que el expediente para reparar y reconocer a los funcionarios de la casa que fueron depurados va con más de tres años de retraso tras el acuerdo de Pleno.
