La Junta de Castilla y León insiste en pedir uniformidad de criterios para poder aplicar las restricciones que considere necesarias con el fin de frenar el avance de la pandemia. El vicepresidente autonómico, Francisco Igea, aprovechó este viernes el altavoz de sus redes sociales para compartir mensajes que fueron en esa línea, la misma que el propio dirigente regional dejó marcada durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.
Igea volvió a mostrarse partidario de un criterio único tras comprobar las diferencias marcadas por los tribunales de cada comunidad autónoma, que durante todo el día fueron publicando resoluciones en diferente sentido acerca de la legalidad del toque de queda y otras restricciones sin el paraguas del estado de alarma.
En este punto, cabe recordar que comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o Cantabria sí cuentan con el beneplácito de la Justicia para aplicar el toque de queda en los municipios con una incidencia más elevada de casos de coronavirus. Por el contrario, Extremadura o Canarias se han encontrado con la negativa a esta posibilidad.
Esa “inseguridad jurídica” es la que mantiene el dique en provincias como Zamora, y es que el Gobierno de la Junta de Castilla y León entiende que ahora mismo “es muy difícil proponer medidas” ante el miedo a que la Justicia las pueda tumbar. Por tanto, el Gobierno autonómico se mantiene a la espera para evaluar el escenario y determinar qué puede hacer para contener el incremento de casos.
La idea transmitida el jueves por Igea trasladó la certeza de que la Junta intervendrá próximamente para tratar de frenar una quinta ola que afecta especialmente a la población que carece de vacuna. Es decir, a los jóvenes. Ahora bien, en estos momentos resulta complicado señalar la dirección en la que irán las restricciones. Lo único que está claro es que el Gobierno autonómico demanda un mayor respaldo desde el punto de vista jurídico para poder decidir.
