La Junta de Castilla y León ha lamentado el estado de “inseguridad jurídica” en el que se encuentra la administración tras la filtración de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma. El vicepresidente, Francisco Igea, ha reconocido que ahora mismo “es muy difícil proponer medidas” ante el miedo a que la justicia las pueda tumbar. De esta manera, por ahora, no habrá toque de queda por municipios, ni cierre de bares, ni otro tipo de cuestiones que puedan servir para cortar la transmisión del coronavirus, una situación de la que ha culpado directamente a la “inacción” del Gobierno de España, por “no dar a las comunidades autónomas las herramientas” para adoptar normas con el suficiente amparo legal.
Pese a la crítica a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, el vicepresidente Francisco Igea ha preferido no entrar a valorar el fondo de la sentencia del Constitucional, habida cuenta de los precedentes en tribunales que tiene la Junta de Castilla y León. “Mi opinión es exactamente la misma y digo ahora exactamente lo mismo que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el toque de queda que nosotros propusimos”, expuso ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno. “Probablemente, otros digan hoy todo lo contrario, pero yo no. La justicia es una garantía que forma parte del estado de derecho y la Junta de Castilla y León respeta la decisión de los tribunales, aunque esto nos haga más difícil tomar medidas”, añadió.
Al respecto, Francisco Igea lamentó que “ni el ejecutivo no el legislativo hayan actuado tras 16 meses” desde la irrupción de la pandemia del coronavirus. “Es demasiado tiempo para que nadie se haya planteado una modificación de la Ley de Salud Pública o abordado directamente una Ley de Pandemias con la que armonizar la toma de decisiones en este tipo de situaciones”, comentó el vicepresidente. “Como no ha sido así, ahora mismo nos encontramos en una situación completa de indefensión jurídica”, advirtió.
La Junta de Castilla y León había encargado con carácter previo a la filtración de la sentencia del Tribunal Constitucional un informe técnico a sus servicios jurídicos para evaluar la conveniencia de tomar medidas de contención del virus en esta quinta ola. “El resultado, después de todo, es que se nos desaconseja vivamente proponer este tipo de decisiones, entre otras cosas porque, dados los antecedentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo, es posible que incurramos en la ilegalidad”, ha expresado Igea. “Y, sobre esto, no puedo decir más porque me resulta muy difícil explicar algo que no entiendo. Ni lo entiendo yo ni, creo, ningún ciudadano normal, porque nadie sabe cómo una cosa es posible en la Comunidad Valenciana, pero no en Castilla y León”, ha aseverado el vicepresidente.
Por lo tanto, bajo el argumento de la “inseguridad jurídica” y tras el informe de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León, la administración ha llegado a la conclusión de que ahora mismo es imposible adoptar medidas coercitivas. “No podemos tomar decisiones ilegales a sabiendas, porque es un delito”, ha indicado. Frente a esto, lo que sí hará el Ejecutivo es crear “un grupo de trabajo” para estudiar la toma de “medidas eficaces” contra la quinta ola del coronavirus. “Hemos analizado múltiples escenarios, pero ahora mismo tenemos que concentrar toda nuestra acción en quienes se están mostrando como mayores transmisores del virus y quienes tienen la incidencia más alta, que son los jóvenes”, ha expuesto.
El cariz de estas medidas, sin embargo, es toda una incógnita por el momento. Y es que, el vicepresidente Francisco Igea sí ha señalado que “no se puede castigar a los sectores donde no están los jóvenes”, en relación al semáforo COVID de cierre de hostelería y comercios, pero no ha precisado dónde se podrá actuar. “En este momento de la pandemia sabemos que las medidas que tomamos en el pasado pueden resultar de dudosa eficacia, por lo que tenemos que reorientar la situación hacia medidas que sirvan para proteger a los jóvenes, a quienes pido que mantengan el mayor nivel posible de responsabilidad y ayudan con su comportamiento a combatir esta situación”, ha detallado el vicepresidente Francisco Igea.
