Entre dos y tres casos semanales de eutanasia podrían plantearse en Castilla y León tras la entrada en vigor de la nueva ley que permite este derecho para las personas con enfermedades sin cura que les provocan un grave sufrimiento. Son los cálculos del doctor Fernando Sanz, un médico de Primaria salmantino que durante algunos años ejerció en el centro de salud Virgen de la Concha de Zamora y que es uno de los miembros activos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Son cálculos, advierte, Sanz, basados en lo que ha sucedido en países que han aplicado legislaciones similares, lo que no quiere decir que vaya a ser así en Castilla y León.
En todo caso Fernando Sanz se felicita por la entrada en vigor de una ley que era “un clamor”, ya que era “injusto” que hasta ahora se impidiera morir dignamente a personas que padecían un gran sufrimiento.
La Junta de Castilla y León está poniendo en marcha todos los mecanismos para hacer que este derecho pueda ejercerse como una prestación más de la sanidad pública, lo que incluye entre otras cosas el desarrollo de un registro de objetores de conciencia para saber de antemano con qué profesionales puede contar Sacyl a la hora de afrontar los casos que se puedan plantear.
En este sentido Sanz no cree que vaya a darse una situación como la de la interrupción voluntaria del embarazo, que en la práctica se deriva a clínicas privadas, por una objeción masiva de los profesionales, sobre todo médicos. Lo mismo piensa el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez, quien explica que la objeción es un derecho, pero no cree que en absoluto vaya a darse una objeción masiva, y da por sentado que va a haber profesionales que no se acojan a ella para evitar participar en este tipo de procedimientos.
Martínez cree que las críticas que su colectivo realizó a la ley, basadas sobre todo en la rapidez de la tramitación sin el necesario debate social no tiene ya sentido porque es una ley en vigor y por tanto de aplicación. No cree que su contenido tenga el rechazo de la clase médica, aunque sí pide “formación para los profesionales que la tengan que aplicar e información para los potenciales usuarios. Una ley no se aplica de la noche a la mañana, y aunque los procedimientos de eutanasia llevan su tiempo desde que se solicitan, pedimos a la consejería formación”.
Fernando Sanz cree que hay un apoyo social bastante amplio en cuanto a la necesidad de una ley de eutanasia de más del 80% de la sociedad española e incluso que entre sus partidarios hay votantes de todos los partidos. Otra cosa es, admite, que haya habido oposición de un sector “ideológico minoritario, pero muy beligerante”.
Evitar el sufrimiento
En cuanto a cómo se ha llevado a la práctica, su organización ha presentado alegaciones a la regulación del registro de objeción de conciencia, ya que a su juicio no tiene sentido que lo lleve la Dirección general de Profesionales y sería más adecuado que dependiera de Sacyl, que es quien va a hacerse cargo de la prestación.
Martínez no ve con malos ojos que se cree un registro de objetores de conciencia con el fin de que Sacyl pueda planificar la prestación. Pero pide también la necesaria confidencialidad, para evitar que se pueda señalar a un doctor por declararse objetor o no.
En todo caso, apunta Fernando Sanz, lo fundamental es que la ley que regula el derecho a la eutanasia está en vigor. Y será a medida que avance su desarrollo cuando se puedan plantear cambios o mejoras. De momento es una ley “muy garantista” con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. Y no cree que produzca un aluvión de peticiones tras su entrada en vigor. Sanz aclara también que la ley de eutanasia no tiene nada que ver con la de cuidados paliativos, que atiende otra realidad, la de los cuidados al final de la vida.
“La eutanasia no es una nueva forma de morirse, sino la posibilidad de evitar un sufrimiento inútil e injusto”, concluye Sanz.
