Sin piso y sin los 6.000 euros. Así se quedó una joven pareja que aspiraba a comprar su primera vivienda en Moraleja del Vino, una casa que el agente inmobiliario le ofreció previa entrega de esa cantidad, no vinculada a un contrato. El dinero nunca llegó a manos de los propietarios del inmueble ni se devolvió al matrimonio, fue a parar a al patrimonio del intermediario, un conocido empresario de la capital de iniciales P.F.V., que justificó su actitud porque “tenía que asegurarse el cobro de su comisión” y que ayer era condenado a tres meses de prisión, a devolver el dinero y a abonar 2.000 euros de las costas del juicio. La magistrada del Juzgado de lo Penal le rebajó la pena que solicitaba la Fiscalía porque admitió haberse quedado el dinero en agosto de 2017 y mostró su intención de reparar el daño causado.

El imputado usó el mismo argumentó en el segundo de los juicios celebrado ayer por el mismo delito, la apropiación de otros 7.000 euros de otro matrimonio que contactó con él a través de la página web para adquirir un piso en la calle de Argentina, para lo que se firmó, esta vez sí, un contrato de arras que advierte de la pérdida de la cuantía si el contrato de compraventa no llega a formalizarse por culpa de los futuros compradores. El empresario podría ingresar en prisión si se le condena al año y medio de cárcel que le exige la Fiscalía, que, además, pide a la jueza que le condene a abonar 7.000 euros a la pareja, correspondientes a dos entregas realizadas antes de diciembre de 2018, cuando el agente citó a la pareja en el notario para formalizar la compra venta de la casa. La operación no llevó a cabo porque el matrimonio tuvo constancia de que los herederos del inmueble tenían problemas para cerrar el trato, hecho que el imputado ocultó con la intención de conseguir la firma del contrato de compra y que la pareja perdiera los 7.000 euros.

Uno de los cinco hermanos se negó a participar en la operación porque la documentación de la herencia que acreditaba la titularidad sobre el inmueble no llegó a tiempo. A pesar de que los dueños de la casa comunicaron esta circunstancia al agente y le instaron a suspender la cita en el notario, este quedó con la pareja “para dos días después del vencimiento de ese contrato,” con la excusa, según manifestó la perjudicada de que “el plazo vencía en fin de semana”. Los perjudicados ha tenido que pagar una renta de 625 euros desde diciembre de 2018, cuando se truncó el acuerdo por echarse atrás los vendedores, motivo por el que la abogada del matrimonio pide que el acusado abone a sus clientes el doble del dinero aportado, 14.000 euros; y otros tantos por la renta, ya que la pareja perdió sus ahorros para dar otra entrada a un piso.