Más de tres años después del acuerdo alcanzado por unanimidad en el Pleno, la Diputación ha puesto en marcha el expediente para cumplir con los acuerdos relativos a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la institución. El Boletín Oficial de la Provincia del pasado viernes reflejó este primer paso para reconocer a los 58 cargos y empleados públicos de la casa que fueron depurados tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. De ellos, 18 fueron fusilados por las fuerzas del bando franquista.

Cabe destacar que este asunto fue aprobado por unanimidad en febrero de 2018, con los votos de la anterior corporación. Desde entonces, los retrasos acumulados a la hora de plasmar el acuerdo han generado varias polémicas, que han afectado también al presidente actual de la institución, Francisco José Requejo. El representante de Ciudadanos se ha escudado durante este tiempo en la necesidad de atender otras prioridades.

Sea como fuere, el acuerdo se cumplirá, para alegría del PSOE, que este domingo remitió una nota a los medios para festejar el avance hacia “la reparación moral y la recuperación de la memoria personal de los cargos y empleados públicos de la Diputación que fueron condenados o sancionados por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa”.

Los socialistas apuntaron que esta acción servirá para revocar definitivamente los acuerdos del pleno de la corporación provincial del 29 de julio, del 29 de agosto y del 31 de octubre de 1936, tras muchos meses de espera, a pesar de la unanimidad alcanzada en 2018.

El PSOE de Zamora profundizó en los antecedentes históricos que condujeron hacia aquella moción, y recordaron que “la gestora de la Diputación Provincial de Zamora fue destituida inmediatamente por las autoridades golpistas, que la sustituyeron por una comisión que representaba a las fuerzas promotoras del levantamiento”.

En ese momento, varios de los gestores cesantes fueron detenidos y, entre el 4 de agosto y el 18 de septiembre, fueron asesinados seis de ellos, mientras otros eran condenados a penas de prisión. “La mayoría de los asesinados y todos los supervivientes fueron sometidos a procedimientos de incautación de bienes que en algunos casos arruinaron a sus familias”, remarcaron desde el PSOE.

La “prolija” relación de fundamentos de derecho de la moción se inicia señalando que “el único delito que cometieron estos vecinos de la provincia fue el de tener pensamientos, creencias o ideas distintas a la de la nueva corporación”. “Sus vidas se vieron violentamente truncadas y muchos fueron represaliados en cárceles o asesinados impunemente”, remarcaron los socialistas zamoranos.

El caso de Carlos Pinilla

Aparte de la depuración y reparación a los miembros de la Diputación que fueron represaliados, la institución también ha iniciado el expediente para “comprobar los datos aportados por la asociación Benito Pellitero respecto a la concesión de la medalla de oro de la provincia a Carlos Pinilla”.

En principio, esa búsqueda debería resultar sencilla. La crónica publicada por “El Correo de Zamora” del 14 de junio de 1958 no deja lugar a dudas: “La provincia de Zamora ha rendido un grandioso homenaje al Excmo. Sr. D. Carlos Pinilla Turiño. En el salón de actos de la Diputación, abarrotado de público le fueron impuestas las medallas de Oro de la Ciudad y de la Provincia”, recoge el titular y el subtítulo de la información. De hecho, según el relato periodístico, numerosos gerifaltes de dentro y fuera de la provincia se desplazaron hasta la capital para “dar realce con su presencia y refrendar con su aplauso entusiasta” el homenaje a Pinilla.

De este modo, si el proceso sigue su curso, la Diputación deberá retirar los honores a Pinilla que, tras la dictadura, llegó a ser senador por la provincia de Zamora bajo las siglas de Alianza Popular, el partido fundado por Manuel Fraga que terminó siendo refundado más tarde en el Partido Popular.