La Fiscalía de Zamora mantuvo este miércoles la petición de ocho años de prisión para el fisioterapeuta del colegio de educación especial Virgen del Castillo, acusado de abusar sexualmente de dos alumnos en el año 2017. El Ministerio Público reconoció en sus conclusiones que, en este tipo de casos, “no suele ser fácil hallar pruebas distintas a la propia versión de la víctima”, pero la fiscal sí incidió en la “verosimilitud, persistencia y firmeza” de los testimonios de los escolares.
En ese sentido, hay que recordar que los alumnos a los que se refiere el caso son un adolescente autista y con parálisis cerebral, y una niña con el síndrome Prader-Willi. Ambos relataron “lo vivido”, según la psicóloga y la trabajadora social de los juzgados que se encargaron de evaluar el caso, un aporte que también tuvo en cuenta la Fiscalía a la hora de mantener su petición de pena.
Del mismo modo, desde el Ministerio Público subrayaron que ninguno de los alumnos “tenía una motivación que les llevara a actuar falsamente”, y explicaron que la ausencia de testigos o de pruebas más evidentes sobre la comisión del delito tienen relación con el hecho de que “se busca que no haya rastro” y el acusado actúa, presuntamente, con “víctimas perfectas” para no ser descubierto.
Por su parte, el abogado de la acusación se mostró “absolutamente de acuerdo” con el Ministerio Fiscal y reclamó una sentencia condenatoria, a pesar de que el delito en cuestión “no deja vestigios físicos”. Para el letrado, “la prueba principal es la versión de las víctimas”, junto a la prueba pericial y al comportamiento mostrado por los alumnos del Virgen del Castillo dentro de su ámbito familiar.
La posición del Ministerio Fiscal y de la acusación no varió a pesar de algunas declaraciones de los testigos, trabajadores del centro de educación especial, que señalaron la capacidad de “fabular” de la niña que presuntamente sufrió los abusos y que negaron haber visto los tocamientos descritos.
En ese sentido, la otra fisioterapeuta del centro aseguró que “siempre” se mantuvo en la misma sala que el acusado mientras se llevaban a cabo las sesiones con las dos presuntas víctimas, y afirmó que, “nunca pudo producirse ningún tocamiento”. De hecho, la testigo afirmó que, tanto ella como el presunto autor de los hechos, trabajaban a “un metro y medio o dos de distancia”, por lo que insistió en que era “imposible” que algo así se hubiese dado.
Postura de la defensa
Ante estas declaraciones testificales, y tras escuchar el día anterior los diferentes informes y la conclusión sobre las versiones de las víctimas, el abogado de la defensa reclamó la libre absolución de su cliente, al entender que “no hay base para sostener la credibilidad” de la acusación. El letrado explicó que, para enviar a un hombre a la cárcel durante ocho años, “tiene que haber algo más que una interpretación”, y pidió respeto para la presunción de inocencia.
El abogado de la defensa reconoció que “probablemente, nadie vaya a tener la certeza de si esto ha pasado”, pero insistió en que la pena que se pide es de ocho años y expresó sus dudas acerca de una existencia real de prueba de cargo. El letrado también percibió una ausencia de certezas en lo que se refiere al ánimo lascivo y apuntó que “no hay nada sobre el elemento volitivo”.
Además, el letrado se apoyó el “el testimonio de descargo” de la otra fisioterapeuta, y apuntó, en una línea discordante con la de la Fiscalía y la acusación, que “los informes del equipo de medicina legal concluyen que, debido a las dificultades cognitivas de las presuntas víctimas, no hay un relato detallado”. Para cerrar, el acusado renunció a su última palabra y el juicio quedó visto para sentencia.
