Clamor en Zamora contra los peajes

En ese sentido, Igea consideró que esta medida supondría una “penalización” para Castilla y León en general, una comunidad autónoma de 94.000 kilómetros cuadrados, donde la dispersión es palpable y el transporte por carretera resulta indispensable, en muchos casos, para llevar a cabo las acciones cotidianas.

En este punto, el vicepresidente autonómico se refirió directamente a Zamora a la hora de cargar contra el Gobierno: “Estamos pidiendo que bajen el coste del transporte y pongan el tren madrugador, y encima calzan otro coste”, lamentó Francisco Igea, que ya había mostrado su apoyo en otras ocasiones a la recuperación del servicio ferroviario matutino entre la capital de la provincia y Madrid.

De este modo, el número dos del Gobierno autonómico rechazó sin ambages la medida que podría establecer el Gobierno a partir de 2024 para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas: “Sería castigar a un territorio a través del mantenimiento de este servicio”, zanjó Igea.

En la misma línea, el consejero de Fomento y Medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó que “incrementar los costes de actividad por carretera es incrementar los costes a la gente. “A los ricos les puede dar igual, pero esto penaliza a las rentas más modestas. Hay que administrarse bien”, dijo el consejero, quien aseguró no entender que un Gobierno con una Vicepresidencia para el Reto Demográfico “siempre implante este tipo de medidas, en contra del propio reto demográfico”.

Por otro lado, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, defendió que “23 de los 27 países de la Unión Europea tienen una tasa parecida” a la que el Gobierno de España pretende imponer por el uso de la red estatal de alta capacidad a partir del año 2024, según consta en el plan de recuperación remitido a Bruselas.

“La idea de cobrar una tasa en todas las autovías de este país la presentó Rajoy en Bruselas hace ya mucho tiempo, no es una idea nueva, ni que se vaya a implantar ahora, en la actual coyuntura económica. Al Partido Popular ahora le interesa generar conflicto tras conflicto y confusión tras confusión”, esgrimió Tudanca, tras ser cuestionado por el asunto.

El PP y Cs piden al Ejecutivo que desestime la propuesta

El Partido Popular y Ciudadanos presentarán hoy una moción en el Pleno de la Diputación de Zamora para expresar el rechazo de la institución a la implantación de los peajes en las autovías. Los grupos pedirán al Gobierno de España que desestime la propuesta de cobrar tasas en las vías de alta capacidad, una idea incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A este respecto, los dos partidos políticos recordaron que Zamora es la provincia con más kilómetros de vías de alta capacidad de toda Castilla y León, con un total de 333 kilómetros distribuidos entre la A-66 (Ruta de la Plata), la A-11 (tramo Zamora-Tordesillas), la A-52 (Autovía de las Rías Bajas), la A-6 (Autovía de las Rías Altas) y la A-62 (Salamanca-Valladolid). “La aplicación de este peaje perjudicaría a los más de 34.000 zamoranos que circulan diariamente por estas autovías, y que estarían obligados a pagar entre 0,09 euros el kilómetro para los turismos y hasta 0,19 euros para los camiones”, lamentaron desde Ciudadanos y el Partido Popular.

Estas tasas supondrían que los zamoranos deberían pagar 6,75 euros por circular por los 75 kilómetros que separan Zamora de Benavente por la A-66; 5,94 euros por ir a Salamanca por la misma vía; 8,37 euros por desplazarse a Valladolid por la A-11; o 10,98 euros por moverse a León desde la capital zamorana. Ambos grupos políticos buscarán el respaldo del PSOE y de Izquierda Unida.

La patronal del transporte internacional por carretera también se opone a la medida

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), se opuso este jueves al pago por el uso de autovías que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, en el que el Ejecutivo baraja 2024 como la fecha en la que se implementaría esta tasa. En ese sentido, desde Astic indicaron que los usuarios de las carreteras españolas “ya pagan mucho más de lo que cuestan las vías con los impuestos sobre el combustible”. “Teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas.

En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica, revisiones de ADR y ATP...). Es decir, esta nueva tasa es, en realidad, un ‘repago’”, afirmaron. Por otro lado, a juicio de Astic, los nuevos peajes “tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad de la economía española, ya que se encarecería el precio de los productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos del PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que llegan por carretera”.

El transporte de mercancías y pasajeros por carretera “es clave para nuestra economía y estratégico para la reconstrucción económica de España”, insistieron desde la patronal del transporte internacional por carretera. Por otro lado, según la asociación, este peaje, “que afectará a los bolsillos de los conductores, obligará a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas”. Por tanto, “el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación”. Astic es solo uno de los colectivos, vinculados o no al sector, que se ha posicionado en las últimas horas en contra de una medida que podría entrar en vigor dentro de tres años.