Un año y seis meses de cárcel y el pago de una multa de 900 euros, es la pena a la que se enfrenta C.H.F., juzgado en la Audiencia Provincial de Zamora por un delito de tráfico de drogas. El acuerdo al que llegaron Fiscalía y abogado defensor permite al acusado ver rebajada la petición inicial de tres años de cárcel y el pago de 1.100 euros de multa, a cambio de confesarse culpable sin necesidad de llegar a desarrollar al vista oral del juicio.
Los hechos que llegaban a la sala de vistas ocurrieron en septiembre de 2018, cuando la Guardia Civil da el alto al vehículo que conducía C.H.F. en un control policial montado a la altura del kilómetro 196 de la autovía A-62 (sentido Tordesillas), en el término municipal de Castrillo de la Guareña. Los agentes pararon el vehículo y encontraron en su interior la droga que ha acabado en condena para su poseedor.
Lo incautado
Al acusado se le encontró un primer envoltorio con un primer envoltorio con 0,67 gramos de una sustancia blanca que una vez analizada resultó ser anfetamina, valorada en 6,97 euros. En un segundo envoltorio se le localizaron 27,06 gramos de anfetaminas, con una riqueza del 13,54% y un valor en el mercado de 281 euros.
Además en el registro se encontró una sustancia maleable marrón que resultó ser resina de cannabis, 7,66 gramos con una riqueza del 31%, que tienen un valor en el mercado de 43,66 euros. A mayores, los agentes localizaron un cigarro en el interior del paquete de tabaco que en realidad contenía 1,18 gramos de resina de cannabis, con un valor de 6,73 euros.
En resumen, el acusado llevaba casi 28 gramos de anfetaminas, en dos envoltorios, cuyo valor en el mercado ascendía a 288 euros y 8,84 gramos de resina de cannabis, por valor de 50.39 euros. Una droga que le valió la acusación de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, con la atenuante de reconocimiento de los hechos.
En estos casos más que la cantidad concreta el factor determinante para dictaminar si ha habido delito es que sea superior a la que podría tener una persona para su propio consumo, lo que lleva a deducir que estaba destinada a la compraventa en el mercado negro, y de ahí la acusación.
La Fiscalía pedía inicialmente para el acusado la pena de tres años de cárcel y 1.100 euros de multa, pero rebajó sus pretensiones tras alcanzar un acuerdo con la defensa. La petición de pena quedó en la mitad, año y medio de prisión, un tiempo con el que normalmente no se entra en la cárcel a no ser que se tengan antecedentes. Eso sí, si cometiera otro delito, el condenado tendría que entrar en prisión.
