El Procurador del Común muestra su respaldo a la petición de la Asociación de Academias de Enseñanza Privadas de Castilla y León (Aclacen) de obtener el reconocimiento de actividad esencial por parte de la administración educativa. De esta manera se da una respuesta positiva a la queja que formuló la agrupación en febrero con el fin de lograr el apoyo para su objetivo más inmediato, que va dirigido a conseguir la catalogación como esenciales de los servicios educativos que prestan las cerca de 700 academias que trabajan en la región.
“En consideración a la relevancia del servicio que prestan las academias de enseñanza, como instrumento para complementar y reforzar la formación obtenida en el ámbito de la educación reglada, debe contemplarse la flexibilización de las medidas restrictivas impuestas a la actividad desarrollada por dichas academias para hacer frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, pudiendo exigirse, en todo caso, el riguroso cumplimiento de las medidas y los protocolos de prevención que están establecidos de forma análoga para los centros educativos”, argumenta en su escrito Tomás Quintana López.
El presidente de Aclacen, el zamorano José María Pérez, valora todo el trabajo que se ha realizado de fundamentación jurídica para obtener esta respuesta y explica que convertir a las academias de enseñanza en actividad esencial significaría terminar con la obligación de tener tan solo un tercio del aforo en sus clases. “No tiene sentido, nosotros llevamos todos los protocolos anticovid a rajatabla, así que no debería de haber diferencia entre la enseñanza reglada y nuestro trabajo”, argumenta. Una tarea que, “además de no costar dinero a las arcas públicas”, aporta muchos beneficios. “Estamos siendo complementarios de la enseñanza, preparando diferentes oposiciones y ayudando a los alumnos a superar la EBAU”, pone como ejemplos.
Por todo ello, desde Aclacen se solicita que las academias sean reconocidas desde el ámbito de la educación. “Ahora mismo se nos considera comercio y queremos que se nos recoja en la Consejería de Educación, como ocurre en el resto de comunidades”, sentencia. Tras la respuesta del Procurador del Común, “ahora la Junta tiene que dar una respuesta”, añade.
Aclacen agradece, junto con el apoyo del Procurador, la defensa realizada por personas públicas y privadas ante esta situación, entre los que se encuentran los ayuntamientos de León, Burgos, Medina del Campo y Zamora. “La labor de los centros y academias resulta imprescindible, así que invitamos a unirse a quienes quieran compartir los objetivos de la asociación”, invita Pérez para finalizar.
