Una polémica en Zamora acaba de propiciar que el Procurador del Común solicite formalmente a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y de la de Fomento y Medio Ambiente, que considere modificar el decreto que regula la instalación de crematorios en la comunidad. El principal objetivo, entre otros, es que estas instalaciones se ubiquen exclusivamente en suelo calificado como industrial, y no en los destinados a dotaciones o servicios como está permitido ahora.

Dos años después de que diera sus primeros pasos la creación de un tanatorio-crematorio en Cardenal Cisneros (con decenas de quejas y recursos tramitados, y finalmente con el beneplácito de las administraciones implicadas para su puesta en marcha) la institución regional ha emitido una recomendación para que se revisen en un futuro las ubicaciones de estas dependencias crematorias en toda la región antes de otorgar las licencias. Y ello pese a reconocer que en Zamora han quedado definitivamente archivadas las actuaciones denunciadas (también contra el Ayuntamiento), ya que la legislación vinculada a la construcción de crematorios se ajusta al caso de Cardenal Cisneros sin que se vulnere normativa alguna, recuerda la institución que preside Tomás Quintana López.

Dos años de trabas

Finalizados los dos años de recogidas de firmas e intentos de paralizar este crematorio en Zamora junto a un centro comercial, y ya con las actuaciones archivadas, el Procurador del Común ha estimado que es el momento de modificar el decreto de 2005 por el que se regula la política sanitaria mortuoria en Castilla y León y actualizarlo, una solicitud que acaba de dar traslado a las consejerías de Sanidad y Fomento y Medio Ambiente.

La intención del Procurador del Común, tras un laborioso estudio con la polémica suscitada con los crematorios en Zamora de fondo, es que la legislación se actualice, ya que el decreto que regula estas instalaciones es de hace 16 años. De ahí que interpele a la Junta a través de las consejerías con competencias en este campo para que “valore iniciar los trámites para modificar el decreto 16/2005 por el que se regula la política sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, con el fin de añadir las recomendaciones recogidas en el punto noveno (hornos crematorios) de la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria, elaborada por representantes de la Administración del Estado y aprobada por la Comisión de Salud Pública con fecha 24 de julio de 2018”, es decir, hace menos de tres años.

Actualizaciones

En el decreto de 2005 no se exige que los crematorios se encuentren alejados del casco urbano del municipio. Además, y lo que el Procurador del Común considera aún más importante, en el mismo decreto se resalta que “dada su naturaleza de servicios básicos para la comunidad como dotaciones urbanísticas con carácter de equipamientos, se podrán emplazar sobre terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, siempre que lo permita la normativa aplicable” (en este caso el PGOU). El Plan General de Ordenación Urbana de Zamora permite utilizar “espacios y locales, de titularidad pública o privada, destinados a satisfacer las necesidades de servicios públicos urbanos tales como mercados, cementerios, crematorios, sanatorios y velatorios, vertederos, estaciones de autobuses, de trenes, helipuertos, terminal de mercancías, laboratorios de materiales, parques de bomberos, cuarteles de policía, etc.”. Es por todo ello, matiza el informe de la institución regional, que “no existe ningún impedimento legal para instalar el tanatorio-velatorio-crematorio de Zamora en un edificio independiente, al tratarse dicho servicio de un uso urbanístico compatible conforme a lo recogido en la Ordenanza Productiva del suelo urbano”.

Mundo rural

El amplio informe elaborado por la institución que dirige Quintana López alude también a la reforma de ciertos aspectos urbanísticos que se llevaron a cabo en su día en relación a los tanatorios “con la finalidad de adaptarlos a la realidad del medio rural de nuestra comunidad”. De esta manera, “los velatorios no precisarán de un edificio de uso exclusivo, lo que los haría inviables en los pequeños municipios, y tanto ellos como tanatorios y crematorios podrán emplazarse en todo tipo de suelo, siempre que lo permita la normativa” de cada lugar.

Ahora con su petición expresa a la Consejería de Sanidad y a la de Fomento y Medio Ambiente, el Procurador del Común da un paso más allá para que se reconsidere el tipo de suelo en el que se puedan o no instalar los próximos crematorios.

Actuaciones contra el Ayuntamiento

Desde que el 29 de julio de 2019 el Ayuntamiento recibiera la solicitud para instalar un tanatorio-crematorio próximo a Cardenal Cisneros y de un centro comercial las movilizaciones vecinales se han sucedido, e incluso el Ayuntamiento ha sido cuestionado al autorizar las licencias municipales tras los pertinentes informes técnicos. Por lo que respecta al Procurador del Común, la institución ha registrado y analizado las distintas alegaciones y ha determinado en su último informe que quedan archivadas las actuaciones relacionadas con el Ayuntamiento de la capital “al no constatar ninguna irregularidad en su intervención”. Una vez zanjada la polémica es cuando Tomás Quintana López ha trasladado una petición expresa a la Junta para que a partir de este momento se actualice la normativa en relación a los crematorios de forma que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Guía de Consenso sobre la Sanidad Mortuoria aprobada en 2018 por la Comisión de Salud Pública. De aceptarse esta propuesta los crematorios que se pongan en marcha a partir de ahora en Castilla y León deberán no solo ubicarse preferentemente en suelos de clasificación industrial, sino también estar alejados en al menos 200 metros de poblaciones o espacios vulnerables, así como de zonas de residencia o de actividad con una permanencia importante de población. El mismo baremo interpreta el Procurador del Común que debe aplicarse para zonas residenciales, centros de tercera edad, centros sanitarios y educativos, parques infantiles o instalaciones deportivas. Todas estas limitaciones que podrían entrar en vigor en un futuro próximo, asegura la institución regional, son “proporcionales al bien jurídico que se pretende proteger, el medio ambiente y la salubridad de las personas”.