La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado el Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana, un documento que define las políticas públicas que va a promover la Junta en torno a este colectivo hasta 2030 y que cuenta con una dotación de 40 millones para un colectivo integrado por 26.500 personas, es decir, en torno a 1.500 euros per cápita.
Esta planificación de actuaciones, ordenadas en seis áreas con un total de 73 medidas, tiene como objetivo último proteger y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y favorecer su inclusión social y laboral.
La población gitana en Castilla y León se cifra en torno a 26.500 personas (el 3,5 % del total de la población romaní de España); que es eminentemente urbana (más de la mitad residen en capitales de provincia) y mayoritariamente joven (alrededor de un tercio tiene menos de 16 años).
Desde un prisma socioeconómico, el 92 % de las personas de etnia gitana están en riesgo de pobreza, a pesar de que el 19 % están incorporados al mercado laboral. El 46 % de los hogares romaníes viven en extrema pobreza, mientras la tasa de pobreza infantil es del 89 %, casi tres veces superior a la existente entre la población general.
Además, según el VII Informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), casi tres de cada cuatro gitanos residentes en España se encontraban en situación de exclusión social, el 54 % de ellos en exclusión severa. Este último porcentaje es cinco veces superior al del resto de la sociedad (9,5 %).
Entre otras medidas se pretende evitar la reproducción del patrón generacional de la pobreza, apoyando metodologías de intervención familiar y comunitario para prevenir la marginación, y promover la inclusión socioeducativa y la mejora de la calidad de vida de los menores de familias en situación de exclusión social.
En Educación, se recogen 23 medidas para incrementar la escolarización de la población gitana menor de seis años; reducir el absentismo escolar en Primaria y rebajar las tasas de fracaso y abandono en Secundaria; mejorar la transición hacia estudios postobligatorios, y promover la diversidad e inclusión en el ámbito educativo.
En este ámbito educativo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá en marcha un programa específico de inclusión laboral con niñas y adolescentes de etnia gitana que un día abandonaron las aulas por su maternidad. Se les ofrecerán itinerarios formativos que les permitan cualificarse y acceder al mercado laboral para desarrollar en el futuro un proyecto de vida propio y autónomo. Esta iniciativa de integración social es uno de los proyectos que se financiarán con los nuevos fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Asimismo, y con el fin de combatir el absentismo escolar de la población de etnia gitana, el departamento que dirige Isabel Blanco revisará los criterios de concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, de manera que para percibir este recurso será imprescindible que las familias se comprometan con la escolarización de sus hijos.
Estas medidas se han diseñado atendiendo a una realidad social que indica que el índice de fracaso escolar en España entre el alumnado gitano de 16 a 24 años es del 64 % –frente al 13 % del conjunto– o que sólo el 17 % de los estudiantes romaníes completan la ESO (15,5 % si son adolescentes mujeres), cuando en la población general ese porcentaje sube al 80 % (95 % en el caso de las chicas).
En empleo, a través de 12 medidas, se trata de reforzara la empleabilidad por la vía de la cualificación, mejorar las condiciones de los ocupados y promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo.
En vivienda se incorporan ocho medidas para reducir la segregación espacial y la infravivienda y erradicar el chabolismo; mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana, y apoyar los procesos de transición residencial y la convivencia de las familias gitanas que residen en viviendas normalizadas.
Hay medidas también relacionadas con la salud y participación e igualdad de trato.
