La subsanación de las deficiencias detectadas por los vecinos en el ARI de Los Bloques está cada vez más cerca después de que este martes el Ayuntamiento de Zamora haya aprobado el proyecto de las obras de reparación en el Área de Rehabilitación Integral de viviendas de la obra sindical del hogar: grupos Ramiro Ledesma y Martín Álvarez. La actuación será asumida por la institución municipal de forma subsidiaria tras el incumplimiento por parte de la empresa Vías y Construcciones S.A. por no realizar lo trabajos necesarios en el plazo de garantía a pesar de los continuos requerimientos por parte del Ayuntamiento". Esta situación derivó en la incautación de las fianzas depositadas por dos entidades bancarias que intervinieron como avalistas en este contrato y que ascienden a una cuantía total de 220.921,80 euros.
Para resolver las deficiencias y llevar a cabo las actuaciones necesarias, el Ayuntamiento adjudicó la redacción del proyecto a la empresa Carro González Arquitectos por importe de 13.310 euros tras concretar con los vecinos las reclamaciones presentadas con el concejal de Urbanismo, Medioambiente y Obras, Romualdo Fernández, a la cabeza.
Con el proyecto aprobado hoy, valorado en 430.000 euros, se pretende subsanar todas las deficiencias reclamadas por los vecinos. En concreto se han analizado y estudiado las más de 70 reclamaciones presentadas tanto de forma individual como colectiva sobre las deficiencias surgidas tanto en las viviendas como en las zonas comunes debidas a la incorrecta ejecución de las obras y que tenían que ver principalmente con la reparación de los ascensores, de la cubierta en las ampliaciones de las zonas comunes, las plataformas exteriores, la iluminación exterior, la instalación de gas, el zócalo, las carpinterías de las viviendas y zonas comunes, y el saneamiento.
El proyecto se aprobó en 2010 y tras diversas vicisitudes empresariales que demoraron su ejecución, las obras concluyeron a finales de 2015, firmándose el acta de recepción el 18 de diciembre de ese año, cuando comenzó a computar el plazo de garantía de 36 meses formalmente establecido. La empresa se comprometió entonces a subsanar los problemas y deficiencias que detectaran los vecinos y los servicios técnicos municipales. Sin embargo, pese a los continuos requerimientos por parte del Ayuntamiento, la empresa hizo caso omiso, procediéndose a la incautación de la fianza.
