Contar con un instrumento ágil que permita impedir que continúen con su actividad los hosteleros que incumplan las normas, protegiendo así a la mayoría, que sí respeta las condiciones de seguridad impuestas. Es la filosofía con la que la Junta de Castilla y León ha aprobado en la reunión de su Consejo de Gobierno el proyecto normativo que permitirá cerrar los establecimientos de hostelería que incumplan gravemente la normativa del coronavirus, tal y como había acordado la administración en sus reuniones “con el sector de hostelería”, indicó el vicepresidente autonómico, Francisco Igea.

El texto regula la posibilidad de imponer, como sanción accesoria a las anteriormente ya definidas, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio implicado en algunas de las situaciones calificadas como infracción grave o muy grave, siempre tras audiencia previa del interesado y por un período de dos o cinco años, respectivamente.

Y por otro lado la norma permite la posibilidad de acordar, tanto como medida provisionalísima, es decir, con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador correspondiente, o como provisional, una vez iniciado éste, el cierre provisional o la suspensión de actividad en el establecimiento susceptible de infracción.

La adopción de estas medidas provisionales y sancionadoras accesorias ahora contempladas serán competencia de la Junta, indicó Igea, aunque el texto del acuerdo del consejo de Gobierno indica que será responsabilidad de las autoridades que lleven a cabo la instrucción y resolución de los correspondientes procedimientos sancionadores: los órganos competentes de la Administración del Estado, de la Comunidad de Castilla y León y de los ayuntamientos.

La entrada en vigor de este Decreto-Ley y de los cambios que conlleva tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y se remitirá a las Cortes para su convalidación.

Restricciones

Por otra parte, Igea indicó que de momento se descarta incrementar las restricciones como el cierre perimetral provincial o rebajar a las ocho de la tarde el funcionamiento de las actividades no esenciales, medidas que había insinuado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su comparecencia en las Cortes la jornada previa, pero que al final no se llegaron a plantear en el Consejo Interterritorial de salud que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas.

Igea recomendó a las cofradías de Semana Santa evitar la convocatoria de actos que puedan provocar la afluencia masiva de personas, aunque dijo que esto no contradice la consigna lanzada por la Consejería de Cultura a las hermandades para que programen actos alternativos a las procesiones.

Precisamente el propio Igea mantuvo ayer tarde un encuentro con los dirigentes semanasanteros de la comunidad, entre ellos Isabel García Prieto, presidenta de la Junta de Cofradías de Zamora.

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