El grupo socialista en la Diputación Provincial reclamó este miércoles agilidad al equipo de Gobierno a la hora de adjudicar el contrato de ayuda a domicilio. Los diputados Leonor González y Manuel Ramos subrayaron que “existe un número importante de solicitudes ya concedidas que permanecen en lista de espera” hasta nuevo aviso, una circunstancia que, bajo el punto de vista del PSOE, responde a “la demora” administrativa.

En ese sentido, González y Ramos indicaron que el pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio fue aprobado el pasado mes de octubre, por lo que “han pasado más de cinco meses desde que se inició el procedimiento”. A juicio de los representantes socialistas, es “demasiado tiempo” si se tiene en cuenta que se trata de “un servicio fundamental para la provincia”.

Los diputados de la oposición remarcaron que el contrato se licitó por un importe de 14 millones de euros por un periodo de dos años, que se podría prorrogar otros dos, hasta alcanzar un valor definitivo de 28 millones en cuatro años. Ante el interés social y el impacto económico de este proceso, los socialistas preguntarán por la cuestión en los órganos competentes. En este caso, en la comisión de Bienestar Social.

Hay que recordar que el servicio de ayuda a domicilio atiende a más de 2.500 personas en la provincia de Zamora, con un plantilla de más de 400 trabajadores: “Se deben atender todas las peticiones de los usuarios con el fin de acabar con las listas de espera”, insistieron desde el PSOE.

Del mismo modo, González y Ramos abundaron en la idea de que este “servicio social básico” crea en el equipo de Gobierno de la Diputación una “responsabilidad” que, a su juicio, ahora mismo no está asumiendo. Los socialistas propusieron incluso que “se amplíe la partida presupuestaria prevista” para llegar a todos los rincones del territorio con garantías de atención óptimas.

Otra de las alternativas presentadas desde el grupo mayoritario de la oposición fue “instar a la Junta de Castilla y León a que asuma la parte proporcional establecida en el acuerdo marco”, que regula la cofinanciación del servicio entre la Diputación y la administración autonómica.