La Mancomunidad de Tierras de Aliste prepara ya “acciones judiciales” contra los bomberos díscolos que denunciaron en la Fiscalía de Zamora ilegalidades en los procesos de selección de personal para bolsas de empleo de parques de bomberos provinciales, tras el archivo del asunto. No se descarta la interposición de una querella por calumnias e injurias, entre las acciones legales, advierte el abogado de la entidad al conocer que la fiscal tira por tierra todos los delitos que denunciaron. Los denunciados, responsables de la Mancomunidad, no incurrieron ni en falsedad en documento público; ni en defraudación a la Administración pública por contratación irregular; ni en atribución de una formación de la que se carece; ni un en prevaricación por la puntuación de las bolsas de empleo de 2010 (anulada por sentencia,), 2015 y 2019.

El informe de Fiscalía apunta que “no existen elementos de prueba” que sustenten que desde ese organismo “se hayan realizado actos de contratación pública con el fin de defraudar a un ente público”, ni de que se haya producido ningún lucro como consecuencia de una resolución injusta. La investigación descarta, asimismo, que la acreditación de cursos impartidos desde la Mancomunidad haya favorecido la obtención de puntos para mejorar la posición del aspirante en alguna bolsa de empleo, ya que “no son títulos académicos ni oficiales”, al carecer la entidad de reconocimiento de la Junta de Castilla y León para impartir formación. Se trata de meros “certificados o diplomas que acreditan la asistencia a una actividad”, sin más. Además, la Fiscalía apostilla que “no queda acreditado” que los cursos del año 2010 no tuvieran lugar, como afirmaron los ocho bomberos díscolos, y que, en todo caso, el posible delito de emisión de certificado falso por los responsables de la Mancomunidad habría prescrito ya.

La denuncia responsabilizaba al presidente de la Mancomunidad del año 2010 -cuando se creó el primer parque de bomberos voluntarios-, al secretario de la agrupación de municipios y al encargado del parque de las presuntas ilegalidades, entre ellas la entrega de títulos acreditativos de cursos no realizados a todos los bomberos, diplomas que los denunciantes dicen no haber presentado en la selección porque nunca se hicieron. Ahora la Fiscalía resta valor a esos documentos no oficiales.