La Junta de Castilla y León ha aprobado en la reunión de su Consejo de Gobierno el proyecto normativo que permitirá clausurar los establecimientos que incumplan gravemente la normativa del coronavirus, tal y como había acordado la administración en sus reuniones "con el sector de hostelería", indicó el vicepresidente autonómico, Francisco Igea.
El texto regula la posibilidad de imponer, como sanción accesoria a las anteriormente ya definidas, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio implicado en algunas de las situaciones calificadas como infracción grave o muy grave, siempre tras audiencia previa del interesado y por un período de dos o cinco años, respectivamente.
Y por otro la posibilidad de acordar, tanto como medida provisionalísima -es decir, con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador correspondiente- o como provisional -una vez iniciado éste-, el cierre provisional o la suspensión de actividad en el establecimiento susceptible de infracción.
La adopción de estas medidas provisionales y sancionadoras accesorias ahora contempladas serán competencia de la Junta, indicó Igea, aunque el texto del acuerdo del consejo de Gobierno indica que será responsabilidad de las autoridades que lleven a cabo la instrucción y resolución de los correspondientes procedimientos sancionadores: los órganos competentes de la Administración del Estado, de la Comunidad de Castilla y León y de los ayuntamientos.
La entrada en vigor de este Decreto-Ley y de los cambios que conlleva tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y se remitirá a las Cortes para su convalidación.
Sin aumento de restricciones
Por otra parte, Igea indicó que de momento se descarta incrementar las restricciones como el cierre perimetral provincial o rebajar a las ocho de la tarde el funcionamiento de las actividades no esenciales.
Recomendó a las cofradías de Semana Santa evitar la convocatoria de actos que puedan provocar la afluencia masiva de personas, aunque dijo que esto no contradice la consigna lanzada por la Consejería de Cultura a las hermandades para que programen actos alternativos a las procesiones.
Con respecto a la vacunación de los mayores de 80 años residentes en los pueblos, que deben trasladarse hasta los centros de salud normalmente en vehículos particulares, Igea indicó que la campaña necesita agilidad y por eso se ha organizado concentrando las dosis en los centros de salud, ya que recorrer los kilómetros cuadrados de territorio de la comunidad ralentizaría el proceso.
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