El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León no solo condena a la empresa que ejecutó las obras de los aparcamientos de la plaza de la Constitución y de San Martín a indemnizar al Ayuntamiento de la capital, sino que aumenta en 500.000 euros la cantidad que ya fijó el Juzgado Contencioso de Zamora, por lo que la institución local acabará ingresando 2.195.646 de euros. Una decisión que el equipo municipal de Gobierno de IU atribuye “a la buena gestión realizada en defensa de los intereses municipales” y “al buen trabajo de la asesoría jurídica y de la empresa encargada de realizar los estudios económicos” sobre los que la Administración local basó su reclamación.

Sobre la reclamación de las pérdidas por la nulidad del contrato, el TSJ dice que el Ayuntamiento no debe indemnizar por lucro cesante a la empresa porque continuó prestando el servicio obligada por la institución local, por tanto, no hubo pérdidas, y porque en los supuestos de nulidad “no se prevé” esa tipo de indemnización que solo se aplica cuando se produce una resolución del contrato.

La exconcesionaria debe pagar del canon de explotación porque “continuó siendo retribuida por sus servicios” por la institución local, de modo que, el TSJ tira por tierra las expectativas de la empresa Iridium que exigía al Consistorio zamorano el pago de 20 millones de euros como liquidación tras perder la concesión en 2015, al indicar que “la anulación del contrato por causa imputable” a la Administración no tiene que terminar siempre en el pago de una indemnización por daños y perjuicios, como pretendía la adjudicataria.

Por lo que respecta al valor neto de los aparcamientos, sobre el que Iridium sujeta su reclamación en “lo que a ella le han costado y no el resultado de los certificados finales de obra”, los magistrados del TSJ replican que esos “no son el dato más objetivo y contrastado”, ni tampoco las facturas por sobrecostes del año 2007 porque estas “se presentan siete años después” de la construcción del aparcamiento y porque “nunca” se reclamó el cobro por parte de la adjudicataria. En cuanto a las pérdidas que el contratista afirma haber tenido por la declaración de la nulidad del contrato, el fallo insiste en que no se han acreditado y por eso no se pueden tener en cuenta.

Los magistrados, cuya sentencia puede recurrirse en el Tribunal Supremo, reprochan a la empresa los “términos absolutamente abstractos” del recurso para reclamar la cantidad y añaden que “son insuficientes para revocar la sentencia” del Contencioso de Zamora. Frente a los 20 millones que reclamaba la empresa, el Ayuntamiento concluyó que la deuda era a favor de la ciudad en 2.500.000 de euros, cuantía muy próxima a la reconocida ahora por el TSJ.

Cronología de los hechos

Los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución terminaron de construirse en 2001 y 2002 a cargo de la empresa Urbaser con una concesión administrativa para su explotación durante 33 años. El contrato fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2004, a raíz de una demanda presentada por una de las empresas concursantes que se consideró perjudicada. Tras los recursos pertinentes, el contrato queda definitivamente anulado por el TSJ en 2006, a consecuencia de lo cual el Pleno acuerda encargar a la empresa que continúe con la explotación del servicio (ORA y aparcamientos) hasta que se ejecute la sentencia y se realice la nueva adjudicación del servicio, cosa que no se hizo hasta dos años después.

La nueva sentencia supone para el equipo de Gobierno "el cierre de los temas judiciales que dejaron pendientes anteriores equipos del PP, caso también de Valorio, en el que se condenó al Ministerio de Hacienda al reembolso de 350.000 euros más intereses, o del Centro Deportivo de Vista Alegre, que pedían al Ayuntamiento 2.200.000 euros", exponen.