La venta por Internet, por Whatsapp, de más de 140 píldoras para abortar a mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas a una zamorana, ha terminado en una condena de seis años de cárcel para los dos varones (tres años para cada uno) imputados por un delito de venta ilegal de medicamentos. La pena impuesta por la Audiencia de Zamora conlleva también una multa de 1.080 euros a cada uno de los procesados, de iniciales L. A. J. y J.R.P.A. -este último juzgado ayer en la Audiencia Provincial- como responsables del negocio anunciado por Internet, en el que usaban sus teléfonos móviles para captar a las clientas, para realizar los pedidos y para dar las indicaciones sobre su uso.

Los procesados enviaban los pedidos a través de mensajería o personalmente, una medicina que, en realidad, está indicada para el tratamiento de úlcera de duodeno, pero que tienen un componente químico que provoca la asfixia del feto en cualquier mes de gestación, según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Provincial.

Las mujeres, la mayoría ciudadanas de países en los que está prohibido el aborto, pagaban a los encausados cuatro veces más del coste real por píldora que es de 1,5 euros, ya que cada blíser de 40 unidades tiene un precio total de 10,49 euros, de acuerdo con el mercado farmacéutico. La trama quedó al descubierto después de que una mujer que residía en Zamora terminara en el servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Concha con un cuadro médico derivado de la utilización una de las pastillas indicadas, que puede administrarse por vía oral o vaginal.

Las píldoras provocan contracciones de la musculatura del útero, dolores abdominales, que llevan al parto y a la muerte del feto. Los dos imputados, que manifestaron haber heredado el negocio de una tercera persona, no llegaron a obtener grandes beneficios, unos 600 euros, al quedar al descubierto la trama tras la denuncia efectuada por Sanidad a la Fiscalía de Zamora. El Sacyl informaba del ingreso de la zamorana afectada por el uso inadecuado de la medicina. Paralelamente, una farmacéutica zamorana que vendió alguna caja del medicamento sospechó de su uso legal y colaboró con la investigación.

Las pesquisas de la Policía Nacional en Zamora terminaron por localizar a los dos socios en sus domicilios de Madrid y Barcelona, donde se hallaron justificantes de los envíos de las pastillas a través de una empresa de mensajería con datos de los destinatarios. Los agentes encontraron envoltorios de la medicina, blísers con píldoras y vacíos, y tíckets de compra sin receta. El registro facilitó la localización de documentación bancaria y de libretas con anotaciones manuscritas con el precio de las píldoras y la comisión de venta. Los dos imputados admitieron los hechos y se conformaron con las penas de prisión que pidió la fiscal.