Volverá a estar al frente del Consejo de Colegios de Procuradores de Castilla y León otros cuatro años, tras renovar como presidente en septiembre. El zamorano Juan Manuel Gago Rodríguez (Pozuelo de Tábara), decano del Colegio de Procuradores de Zamora, impulsor de la implantación de las tecnologías de la Administración de Justicia en 2008, con el programa Lexnet, exige más competencias para estos profesionales para agilizar la justicia en beneficio del ciudadano.

–¿La transformación digital en este año COVID supuso un triple salto mortal en Justicia?

–Todos nos hemos adaptado a estos cambios tan rápidos y de profundidad sin que se hayan percibido nada, o muy poco. La situación de pandemia ha desencadenado una transformación en el sistema de trabajo en los juzgados que se preveía en 3 o 5 años, ha sido inmediata como en las vistas y juicios que pasaron a ser online, y lo que era una práctica residual para alguna prueba muy concreta se ha universalizado, ahora es la norma general.

–¿No ha supuesto un cierto caos en la organización del trabajo?

–Ha habido disfunciones al principio, que se han ido mejorando. En el Palacio de Justicia se han ido actualizando los medios tecnológicos en las salas de vistas, tanto en la calidad de las grabaciones como del sonido. Toda esa inversión en modernizar esas herramientas permiten continuar con la actividad judicial de forma ordenada y sin “parones”, eso era lo fundamental para nosotros.

–¿Esta drástica transición digital cómo ha repercutido en la actividad de sus despachos?

–Este cambio nos permite impulsar más la potenciación de la figura del procurador como parte fundamental del engranaje de la Administración de Justicia, mantenemos contactos con el Ministerio para trabajar en ello. Estamos en la mejor de las disposiciones en lo personal y en cuanto a medios tecnológicos, sería bueno que se aprovechase la figura del procurador para dar mayor agilidad y garantías a la justicia española.

–¿Por dónde pasarían esas garantías?

–Los procuradores tenemos las herramientas y las plataformas necesaria para desarrollar y asumir más funciones. Este es el momento idóneo para que se nos dé competencias en los actos de comunicación, notificaciones, emplazamientos, citaciones dentro de los procedimientos judiciales en los que participamos, así como competencias en materia de ejecución de sentencias y pasar a ser auténticos profesionales en ese área.

El presidente del Consejo de Procuradores de Castilla y León. | Sergio Villar

–¿En qué beneficiará a los ciudadanos que pleitean?

–La Justicia agilizaría los procedimientos civiles, se descargaría a esa Administración de un ingente trabajo que ahora desarrollan los funcionarios. Nosotros contamos desde hace años con la plataforma de subastas de procuradores como alternativa a las electrónicas que se practican en el BOE. Con esto se daría cumplimiento a las recomendaciones de la UE de 2007 en lo que se refiere a esos actos de comunicación, y a la de 2009 para la ejecución de sentencias.

–¿Esa ampliación de competencias qué ventajas tendría para el usuario de la Justicia?

–El procurador está en horario 24 horas siete días a la semana, eso nos permite una mayor ampliación de facultades, las citaciones, emplazamientos, notificaciones..., podríamos hacerlas por las tardes, cuando la Administración no funciona, esto agilizaría enormemente la tramitación procesal. Y no solo con la presencia física, tenemos herramientas tecnológicas que permiten realizar ese trabajo con todas las garantías telemáticas, como prevé el Ministerio en el anteproyecto de medidas de agilización procesal, que contempla el uso telemático para esas comunicaciones.

–Lejos de ser una profesión con visos de desaparecer, como se auguraba, parecen destinados a fortalecer su función.

–Efectivamente, esa amenaza es un mito del que siempre se habla, pero somos muy necesarios. Estamos llamados a obtener un gran protagonismo y a dar un gran servicio a la sociedad.

–¿No están amortizados con la irrupción de las nuevas tecnologías?

–No, somos una figura procesal desaprovechada, son necesarias reformas legislativas para darnos más competencias porque estamos en una situación privilegiada al situarnos entre el ciudadano y la Administración de Justicia, somos los más próximos al ciudadano, lo que hace necesaria una ampliación de esas funciones de colaboración y auxilio de la Justicia.

–Los funcionarios pueden interpretar esas nuevas competencias como una intromisión en su trabajo.

–Somos compatibles, la Procura es una profesión colaboradora de Justicia, y en ese ámbito se deben incardinar estas nuevas competencias, que ya las tenemos, solo pedimos que se apliquen y se nos permita usar estos medios tecnológicos. Es un trabajo ingente, muchísimas citas a las partes, testigos, peritos..., los procuradores, con la tecnología que tenemos, agilizaríamos esa parte más farragosa del procedimiento, que podemos hacer en unas horas, de un día para otro, cualquier comunicación, incluso si el interesado está en otra comunidad. Por la vía habitual estos trámites podrían tardar meses.

–¿Desaparecerán las vistas presenciales?

–Sí, salvo las penales y de procedimientos complejos. La situación sanitaria solo ha explosionado lo que iba a llegar. Debemos prepararnos para adaptar nuestros trabajos al momento tecnológico que nos toca vivir. Los procuradores trabajamos mejor con Lexnet, ni de lejos parecido a lo que teníamos en papel, con más garantías, aumentadas e inalterables al 99% con los protocolos informáticos.

–¿Y en ejecución de sentencias se ganaría también tiempo?

–La ejecución de las sentencias es lentísima ahora y retrasa mucho el cumplimiento de las mismas. Nosotros estamos en disposición de ofrecer mecanismos y plataformas que permiten que mayor rapidez, a través de nuestro portal de subastas electrónicas. Podemos ser depositarios de bienes muebles y con esto se haría más efectiva la ejecución de los mismos, en beneficio tanto de la persona que debe cobrar como de la que tiene que entregar la propiedad. Se reducen tiempos y esto influye en el valor final del inmueble, una buena venta hace que el valor del bien sea mayor.

–¿Vendría a colaborar en ese “papel cero” que persigue la Administración de Justicia?

–Sí, el uso de papel se ha visto rebajado ya en un 70% en nuestros despachos. Usamos desde mensajes de texto por el teléfono móvil hasta los WhatsApp para comunicarnos con los clientes; tenemos plataformas de certificación de envíos y el cliente recibe a cualquier hora la comunicación. Hay que adaptarse, la crisis sanitaria solo ha precipitado los acontecimientos. No podemos poner puertas al campo, quien lo haga está abocado a desaparecer. Hay que ser abanderado de las tecnologías presentes y de las futuras cada vez más sofisticadas, de uso más generalizado.

–Acaban de renovar el convenio con la Consejería de Familia para colaborar en materia de violencia de género y delitos de agresiones sexuales.

–Sí, estamos presentes desde que se inicia la actuación judicial, en la designación imprescindible de un procurador que represente a las mujeres víctimas de esos delitos, tengan o no medios para litigar, lo hemos ampliado al inicio de este año, tras firmarlo en hace dos.

–¿Qué otras reivindicaciones tiene el colectivo?

–La conciliación de la vida laboral y familiar es prioritaria, con la legislación actual no podemos estar de baja y hay que buscar una solución, que la Ley nos dé herramientas para, ante un imprevisto de salud o personal, que nos podamos ayudar. Desde Consejo General de Procuradores trabajamos con el Ministerio en busca de fórmulas como la sustitución entre compañeros o sistemas de guardia para no perjudicar al cliente y no parar los procedimientos.

–¿Puede dar algún avance?

–Hablaremos con la juez decana, el presidente de la Audiencia y el secretario coordinador de los juzgados para establecer algún mecanismo, con la firma de un protocolo que permita suplir de inmediato a un compañero ante cualquier contingencia porque las notificaciones siguen surtiendo efecto. Se requiere una reforma legislativa para concretar esas “situaciones de fuerza mayor” con garantías para todos.

–Acaban de aprobarse las retribuciones de asistencia jurídica gratuita, ¿satisfechos?

–Teníamos grandes esperanzas de mejorar para equipararnos a profesionales de autonomías que tienen competencias en Justicia, pero se han visto defraudadas con incrementos mínimos: 24,34 euros en procedimiento penal; y 32,45 euros, en uno civil, es decir, un 30% o 40% menos de lo que se paga en otras autonomías, una injusticia. Es un 15 o 20% de lo que se cobra en la actividad privada.