Javier Izquierdo (Mieres, 1970) se convirtió en el delegado del Gobierno en Castilla y León un mes antes del estallido de la pandemia. Por tanto, su trayectoria en el cargo discurre en paralelo a una crisis que se une a los problemas que ya padecía previamente la comunidad. El político socialista repasa estas cuestiones y analiza también el tema de la semana: la moción de censura presentada en la Junta por su compañero Luis Tudanca.

–Usted ha comentado que percibía un cierto desgaste por parte del Gobierno de la Junta antes de la presentación de la moción de censura. ¿Esa sensación la traslada también a la relación institucional que mantiene con el Ejecutivo autonómico?

–La relación que hemos mantenido durante la pandemia ha sido correcta, pero hay un momento que supone un punto de inflexión, que es cuando el presidente de la Junta decide, de forma unilateral, adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde en contra del criterio de la autoridad competente. Esto es un antes y un después que genera un cierto resquemor en la confianza y provoca alguna duda. Yo le pedí al presidente de la Junta que volviera al cauce del diálogo, de la colaboración con el Gobierno de España y eso no se produjo. Los tribunales le dieron la razón al Gobierno de España, pero mientras tanto generó confusión. La mejor arma para combatir el virus es la unidad y el consenso.

–El virus sigue ahí, aunque haya pasado el punto álgido de la tercera ola. En un contexto así, ¿se puede permitir Castilla y León un conflicto político como el que se deriva de la moción de censura del PSOE?

–Las mociones de censura son una herramienta que está en los estatutos de autonomía. Además, pienso que la Junta está sufriendo una cierta fatiga pandémica en la gestión de las últimas semanas o incluso meses, con actuaciones que han generado rechazo en todos los sectores. Parece que hay argumentos para que Luis Tudanca dé el paso. A partir de ahí, tengo confianza en las instituciones. La moción no va a distraer de lo principal, sea cual sea el resultado. No es tanto si nos lo podemos permitir o no como si es conveniente, y aquí hay que decir que en Castilla y León se votó cambio en 2019, y no solo los que apoyaron al PSOE.

"El toque de queda a las ocho de la tarde decretado por Mañueco generó un cierto resquemor"

–En Castilla y León hay una cierta sensación de que el centralismo de Madrid puede perjudicar de algún modo a la comunidad. ¿Esta moción de censura se enmarca también en ese centralismo? ¿Es Ferraz quien fuerza a Tudanca a presentar la moción?

–Yo tengo otra visión. Creo que el problema de Castilla y León es que llevamos casi 35 años de Gobierno del PP en los que se ha jugado a la irrelevancia política, y cuando uno juega a que no pase nada, a no generar ruido, los demás te toman como un actor político irrelevante. Eso hace que la presencia y la fuerza política de Castilla y León haya pasado desapercibida.

–Contésteme a lo de Ferraz. ¿Es el PSOE a nivel nacional quien fuerza la moción?

–Esa valoración la explicó Tudanca. Ya se venía hablando del tema hace unos días, y a nadie le debe pillar por sorpresa. Aquí hay autonomía para tomar las decisiones y, en este tema, sin duda, quien va a dar las explicaciones más oportunas es él, que siempre ha hablado de compromiso con esta tierra.

–Otro territorio que está en el epicentro del terremoto político es Madrid. Isabel Díaz Ayuso lleva meses siendo el verso suelto de los presidentes autonómicos, también en el seno del Consejo Interterritorial. ¿Le ha dado mucho dolor de cabeza su postura, al tratarse de una región limítrofe con Castilla y León?

–Es verdad que Madrid siempre se ha desmarcado de los consensos a la hora de afrontar la pandemia. Esto es una realidad innegable. Lo único que hace es generar confusión y ruido, no solo con el Gobierno de España, sino con las otras 16 comunidades autónomas. Es algo que vimos claro en la reunión de Ávila entre los presidentes de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde parecía que se iba a hablar de un acuerdo y nos encontramos con la sorpresa porque Isabel Díaz Ayuso no asumió una posición de consenso. Es una actitud que en nada ayuda a Madrid ni al conjunto del país.

"Hay avances en la conversión en autovía en la N-122, pero todo tiene sus plazos y no quiero venderle humo a la ciudadanía"

–Castilla y León ha tenido que convivir con fronteras provinciales, autonómicas y, en el caso de zonas como Zamora, con el cierre decretado entre España y Portugal. ¿Qué se le puede decir a la gente que se ha visto seriamente perjudicada a nivel económico, comercial o familiar por este motivo y que se siente injustamente tratada?

–Atravesar la frontera ha seguido siendo posible por según qué motivos, como el trabajo.

–Al principio, algunas personas tenían que hacer 400 kilómetros para trabajar en un lugar que estaba a 15 de distancia.

–Efectivamente, sí. Eso es cierto. Pero igual que en el resto de la comunidad autónoma no podíamos movernos entre provincias. Las dificultades son equiparables. Creo que tenemos que ser conscientes de a qué nos estamos enfrentando. Había que reducir la movilidad, y los ciudadanos que tenían la frontera cerca han tenido algunas dificultades mayores. También ha habido casos de municipios cerrados. Esta situación pedía controlar la movilidad y esto genera problemas y perjuicios. La vida, para todos, ha sido más difícil. Hay cantidad de abuelos que no abrazan a sus nietos, por ejemplo.

–Siguiendo por la frontera, los gobiernos de España y Portugal celebraron una cumbre al más alto nivel en el mes de octubre en la que se pusieron negro sobre blanco algunas promesas que afectan al territorio zamorano fronterizo, especialmente a las carreteras. ¿Se cumplirán estos compromisos o volverán a ser los mismos en la próxima reunión?

–Yo he tenido la suerte de participar en una de estas cumbres, cuando era secretario general de Infraestructuras, y lo que puedo asegurar es que hay avances. Se van cumpliendo objetivos en las relaciones bilaterales entre España y Portugal y desde luego que hay avances en la N-122. Yo intento explicar de manera pedagógica el momento en el que estamos y los avances que se producen. Una infraestructura de esa envergadura no se hace de la noche a la mañana, no hay una pintura de asfalto para ir echándola, hay unos trámites administrativos y se está avanzando con unos proyectos de trazado que, entre otras cosas, sirven para saber qué fincas se tienen que expropiar. Los compromisos requieren avances y no dejar caducar las declaraciones de impacto ambiental, como hizo el Gobierno anterior. Tuvimos que hacer una nueva que se aprobó en 2018.

–Lo que ocurre es que, si el primer compromiso para construir esta autovía data de la época de Felipe González, la gente empieza a pensar que la cuestión se diluye. ¿Hay alguna manera de hacerle ver a la ciudadanía que esta vez van en serio? ¿Plazos?

–Yo los plazos solo me atrevo a darlos cuando los contratos de obra están adjudicados. Esa es la manera de poder realizar compromisos. Yo insisto en que trato de ser didáctico y no quiero vender humo al ciudadano. No quiero generar ni falsas expectativas, ni dar mensajes que no sean realistas. Creo que eso no beneficia a la información que el ciudadano merece, ni a quienes tenemos responsabilidades públicas. Yo prefiero explicar que la situación es de avances, que sin estos pasos no se pueden realizar las obras y que el compromiso es seguir. No tenemos ni pintura ni alfombras de asfalto.

–Donde sí parecía que era echar el asfalto y poco más era en la estación del AVE de Otero de Sanabria. Su puesta en marcha se anunció para diciembre, es marzo y ahora se habla de unas cuestiones relacionadas con la seguridad como fleco pendiente. ¿Qué falta exactamente?

–Lo primero que hay que poner en valor es que hay una infraestructura que no estaba y que permite acortar los tiempos de viaje entre Galicia, Zamora y Madrid. Es una inversión muy cuantiosa, en una zona con una orografía compleja, y yo quiero destacar lo que está hecho. Es cierto que la estación aún no está en servicio, pero los temas de seguridad ferroviaria son fundamentales. Yo confío en que esté en próximas fechas.

–Siguiendo por el ámbito ferroviario, Zamora lleva un año sin tren madrugador. ¿Cómo valora esta situación?

–La valoro en el marco de la situación general del país. La movilidad se ha caído por completo en España. Durante muchos meses ha sido prácticamente inexistente, a día de hoy sigue estando muy limitada, y eso hace que haya caído mucho la demanda de los usos del ferrocarril. En ese contexto, tenemos que ser conscientes de que Renfe está intentando adaptar su oferta a la demanda actual. Es más, hay una oferta por encima de la demanda y Renfe también tiene una responsabilidad sobre sus cuentas. Los viajes de trenes vacíos hacen que se resienta su situación económica, y eso se paga con los impuestos de todos los españoles.

"Monte la Reina es un plan para atraer población y el Ejecutivo regional tiene que estar"

–Si se va solo a resultados, hay pocos servicios que sean económicamente rentables en provincias con el grado de despoblación y dispersión de Zamora.

–Si ese fuera el argumento, no se pagarían las obligaciones de servicio público, que son transporte subvencionado. Si fuera por rendimiento económico, no se estarían prestando ciertos servicios. Aquí incluyo a Zamora. También ha habido medidas de Renfe como la flexibilización de los abonos.

–Otro tema recurrente en Zamora es el de Monte la Reina. Ha habido momentos en los que parecía complicada la confinanciación con la Junta. ¿Lo ve ahora más factible?

–En la medida en la que los presupuestos de la Junta de Castilla y León recogen una partida para contribuir a ese proyecto, parece que hay una voluntad. Esta actuación tiene unos objetivos fundamentales, y probablemente el más importante no sea el de carácter militar. Es decir, sacar bases de Madrid para traerlas a Zamora puede tener algún interés desde el punto de vista de la defensa nacional, pero mucho más desde la perspectiva demográfica. Por eso, es importante la implicación de la Junta, porque no se demanda desde los criterios de defensa nacional por parte de la ciudadanía de Zamora, sino como una oportunidad de atraer población. ¿Quién tiene la principal responsabilidad de que su territorio esté poblado? Sin ninguna duda, la Junta de Castilla y León, que tiene que hacer un esfuerzo importante.

–Precisamente, en materia de despoblación, este problema está por fin en el foco. El Gobierno ha vinculado la gestión de este asunto a su Vicepresidencia Cuarta. ¿Está en la agenda del Ejecutivo que Zamora se vea beneficiada por este movimiento?

–Tenemos el plan de recuperación, que nos abre una panoplia de fondos en una serie de líneas estratégicas que pueden ser muy importantes para Zamora. Lo importante es estar preparado para asumir esos fondos desde el punto de vista de la presentación de proyectos. Tanto en el ámbito público como en el privado. La clave para que haya población en un territorio es que haya empleo, que haya posibilidades de vida, y eso se consigue teniendo actividad económica. Tiene que haber una simbiosis entre lo público y lo privado. Europa lo exige.

–¿Es ahora o nunca?

–Probablemente es un momento clave, y aquí me gustaría incidir en la importancia que tiene la digitalización en dos vertientes: una tiene que ver con la infraestructura, y el impulso que hay con el plan de banda ancha es espectacular. En la última convocatoria va a haber mil núcleos de Castilla y León que van a verse beneficiados y eso es lo que nos va a permitir estar en igualdad de condiciones para ofrecer teletrabajo, una residencia con otro tipo de ventajas y lugares más cómodos para vivir. Esa brecha la vamos a superar pronto con un medio rural que va a tener una cobertura importante en los próximos años. Pero también hay que afrontar la brecha de las competencias digitales. El ciudadano tiene que estar formado y las empresas también.