Alberto Vega no tendrá acceso a proyectos ni a la elaboración de sus presupuestos, ni a la documentación y expedientes del servicio de Parques y Jardines que le permite su cargo, al objeto de impedir el manejo de dinero y posibles alteraciones de pruebas que puedan entorpecer la investigación judicial por delitos de corrupción que pesa sobre quien dirigió ese área del Ayuntamiento de Zamora en los últimos 24 años.
La suspensión provisional de empleo y sueldo decretada por Alcaldía para Alberto Vega Vicente, tras ser detenido, en libertad con cargos y fianza de 60.000 euros, se prolongará hasta que haya una sentencia judicial firme. Una medida “adecuada”, ya que las acusaciones a las que se enfrenta no garantizarían que ejerza su labor con la “objetividad e imparcialidad” que se exige a un funcionario público. Respecto de la posible manipulación de pruebas, el documento de Alcaldía recoge que durante la baja médica en el transcurso de la investigación que se le abrió, se constató que Vega usó las claves para descargarse expedientes del sistema Gestiona de Jardines.
La medida no es una sanción, sino “una garantía de protección para el interés público, pero también para los servicios públicos” e incluye “el derecho a percibir las retribuciones básicas” al investigado, concreta el documento de Alcaldía. El alcalde de IU, Francisco Guarido, cimenta la medida en la importancia y “la gravedad de los delitos que ahora afloran” en el auto de la juez, tales como malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad documental y blanqueo de capitales. Agrega, siempre “sin prejuzgar” al funcionario, que la investigación de la UDEV de Zamora y de la UDEF de Madrid del delito de cohecho que implicaría penas de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación para ser empleado público de entre diez y 20 años, ejemplo con el que quiere “se expresa solo para que se entienda la gravedad de la situación”
Con los preceptivos informes de Personal y de la Secretaría general del Consistorio, Guarido amplió ayer las limitaciones que ya tenía el funcionario investigado para manejar fondos públicos y elaborar proyectos como ingeniero forestal encargados por el equipo de Gobierno. Lo hizo también porque esos trabajos afectan a “cuantías económicas que afectan a la propia institución y a los funcionarios que se encargan de licitarlos”. El decreto apunta un “cambio cualitativo en la situación actual” en su labor como funcionario, acusado de delitos que “le inhabilita para realizar esos proyectos y para manejar las cuantías económicas que vincularían al Ayuntamiento en el futuro inmediato”. El decreto busca, asimismo, proteger a los trabajadores del servicio que hayan declarado contra quien seguiría siendo su jefe de no ser apartado de su puesto de trabajo. Los empleados habrían comparecido en la instrucción de los expedientes municipales, a requerimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía o el Juzgado que indagan en la gestión del periodo 2014-2020 del funcionario.
La acusada, empresaria y política conocida en La Coruña
La empresaria investigada junto al jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, en su caso, por un delito de perjuicio a la Administración por beneficiarse de contrataciones irregulares, es una conocida política y emprendedora de La Coruña, donde mantiene su entramado empresarial. Se trataría del mismo que la Policía Nacional estima que constituyó para beneficiarse de esas adjudicaciones presuntamente ilegales del Consistorio zamorano y contrataciones que, según fuentes próximas al caso, ella misma confesó haber recibido de manera irregular.
La investigada, de iniciales G.N.S., que se define como independiente, fue en las listas municipales de 2019, como número 2 de la candidatura de Alternativa dos Veciños para A Coruña, una organización independiente que tiene su origen en Oleiros, el municipio vecino al de A Coruña. La formación gobierna en esa localidad desde 1979, pero su objetivo electoral se fue ampliando en busca ampliar s presencia en la Diputación de esa provincia. La formación política logró armar otras candidaturas en la comarca, gobierna también en Carral y tiene concejales en otras localidades. La investigada se definía en una entrevista en un medio de comunicación gallego como “inquieta y atrevida, despierta”, una persona que “voy a mi bola” con una mente “que va más rápida que la de otra gente”. En ese medio gallego apuntó que “soy la duquesa de Alba de mi familia”, ya que no le importa la opinión que otros tengan de ella.
Un parque infantil convertido en urinario de gatos callejeros
Un parque para gatos callejeros. En eso se ha convertido el recinto infantil que desencadenó la investigación abierta por el Ayuntamiento de Zamora contra el jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega. Poco podía imaginar el funcionario que ese pequeño espacio, que apenas se ha podido usar para el recreo de niños, terminaría por conducirle ante una juez acusado de delitos de corrupción. La casi improvisada y escondida instalación entre dos edificios de la plaza de Belén, en el barrio de Cabañales, que adjudicó en 2019 por unos 5.000 euros a la empresaria investigada en la misma causa judicial, se ha convertido en el urinario de los gatos callejeros que viven en Cabañales, dueños y señores de una superficie de arena que “huele que apesta, donde los niños no pueden entrar por la falta de higiene”. Los vecinos de la zona ya han mostrado su malestar por una dotación totalmente inutilizada para el uso que debería tener, en la que “hay personas que echan comida a los gatos, más de una docena, o sea, dejan de jugar los niños por culpa de los gatitos”. Animales que han conquistado no solo el cuadrilátero infantil, sino el alféizar de viviendas más bajas, donde acostumbran a tomar el sol, sin que se puedan abrir las ventanas. “Me parece vergonzoso que tengamos que protestar por este motivo, que hagan parque para gatos si quieren ”, indican los afectados por esta dotación.
