El jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, acaba de ser suspendido de empleo y sueldo de forma provisional, hasta que concluya el procedimiento judicial abierto contra el funcionario, para "garantizar y dar certeza en el proceder del servicio de Medio Ambiente", una medida que, además, trata de impedir que pueda acceder a documentación de su área relacionada con su presunta actividad irregular al frente de la misma, lo que ya se buscó con el decreto de Alcaldía de 2020 que excluía al funcionario de todas las competencias salvo las de redactar proyectos encargados por el equipo de Gobierno de IU. En definitiva, se busca que no pueda destruir pruebas y que no pueda presionar, de alguna manera, a los trabajadores de Parques y Jardines que hayan podido declarar en los expedientes informativos abiertos por el equipo municipal de Gobierno de IU y a requerimiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía o del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora que le investiga.

A partir de ya mismo, Vega Vicente no podrá ni siquiera llevar a cabo los proyectos que se le encargaban como ingeniero forestal, al estimar el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que la gravedad de los delitos por los que se le investiga "le inhabilitan" para esas tareas "y para manejar las cuantías económicas" que conllevan las redacciones de proyectos y pliegos de condiciones, "que vincularían al Ayuntamiento en el futuro inmediato. Los informes del departamento de Personal y de la Secretaría han servido para armar la suspensión "mientras se tramite el proceso judicial en curso y hasta que haya sentencia firme", aclara Guarido.

La detención del empleado público por la investigación abierta por el Juzgado número 5 de la capital por malversación de caudales públicos, falsedad, fraude y blanqueo de dinero, así como de un supuesto enriquecimiento ilícito de más de 80.000 euros por el que se le exige una fianza de 60.000 euros, se le retira el pasaporte y se le obliga a comparecer los días uno y quince de cada mes en el Juzgado explican la decisión del equipo de Gobierno de IU, dirigido por el alcalde, Francisco Guarido. En ese sentido el alcalde apunta que el posible delito de cohecho por el que también se le investiga podría conllevar, de demostrarse, una condena a cuatro años de prisión y a una inhabilitación absoluta como funcionario que oscilaría entre los diez y 20 años, un apunte con el que quiere dejar constancia de la magnitud de la causa judicial abierta contra el empleado público.

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El decreto concluye que con la acusación judicial del empleado público investigado "no queda garantizada esta independencia e imparcialidad en esta importante función" que desempeñaba Vega Vicente, y trata de evitar que la permanencia del servidor municipal en su puesto de trabajo pueda influir negativamente en que se complete y auxilie la investigación judicial y policial que le atañe, una sospecha que viene a justificar con la comprobación de que mientras el funcionario estuvo de baja médica accedía con sus claves a información del servicio, "entrando y descargando expedientes de GESTIONA", conducta que llevó al Ayuntamiento, "previa auditoría", a impedirle el acceso a este sistema hasta que volvió a incorporarse a su trabajo. La suspensión cautelar, por tanto, viene a justificarse también para cerrarle el acceso a documentación del área municipal que dirigía. Por último, el decreto alude al "deber de auxiliar en la protección, tanto de los servidores públicos del Departamento de Medio Ambiente, como del propio investigado".

TODO SOBRE EL CASO DE ALBERTO VEGA