El pequeño parque infantil instalado en la plaza de Belén del barrio de Cabañales en primavera de 2019, una inversión menor del servicio de Parques y Jardines, resultó ser el hilo del que tiró el Ayuntamiento de Zamora para abrir el expediente informativo que ha llevado al jefe del área, Alberto Vega Vicente, ante el Juzgado, acusado de delitos de corrupción.
La misma obra que pondría al descubierto un posible entramado empresarial que el funcionario municipal urdiría, según la Policía Nacional, con la empresaria de A Coruña, de iniciales G.N.S., a la que se acusa de un delito contra la Administración. Un delito que se concreta en las diligencias policiales por las “contrataciones irregulares” de tres de sus sociedades con el Consistorio zamorano. Fue, precisamente, a una de estas a la que Vega Vicente adjudicó de forma directa la construcción del pequeño espacio de recreo infantil de la margen izquierda del río Duero por un importe inferior a los 5.000 euros, según ha podido saber La Opinión-El Correo de Zamora.
Los juegos infantiles instalados se facturaron con una de empresa propiedad de la emprendedora de A Coruña, posiblemente con Iocus Tecnology especializada en este tipo de dotaciones, aunque parece que existen dudas de la procedencia de los mismos, de “si fueron realmente enviados desde Galicia o si pertenecían a otro contrato formalizado por Vega con otra empresa y “que ya los tuviera almacenados en Zamora”.
En todo caso, las averiguaciones llevadas a cabo dentro del expediente informativo, impulsado de oficio por el equipo de Gobierno municipal de IU, concluirían que el personal que se utilizó para llevar a cabo la dotación infantil no llegó de Galicia, ni era de ninguna sociedad de la empresaria gallega o de alguna subcontrata de la misma.
Las indagaciones del instructor nombrado por el Consistorio permitieron concluir que los trabajadores “pertenecerían a otra empresa”, según ha podido saber este periódico, sin que haya trascendido aún el nombre de la misma.
De modo que esta adjudicación que ha puesto en la picota al jefe de Jardines es una de las 15 que la investigada habría admitido haber recibido ante la juez haber conseguido de forma directa de Alberto Vega. Unos contratos menores con los que la emprendedora habría conseguido comisiones por importe de 500 euros, según habría confesado en su comparecencia ante en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora, según fuentes próximas a la causa.
El instructor del expediente informativo abierto al jefe de Jardines se encontró con otro de los delitos que han ido a parar al Juzgado: malversación de caudales públicos. El origen está en el excesivo gasto de gasolina para el servicio que dirigía Alberto Vega, miles de euros que no justificarían el destino del combustible, salvo que le diera un uso personal, como se estima que pudo hacer.
La documentación recabada durante la investigación judicial incluiría facturas de pagos realizados a través de las tarjetas que la institución local tiene autorizadas al jefe de Jardines para cargar carburante a la maquinaria. Eso explica la medida adoptada por el equipo de Gobierno de retirarle de inmediato el acceso a los fondos públicos y el vehículo todoterreno del servicio municipal que, al parecer, conducía para realizar viajes particulares no solo por la provincia de Zamora, sino por otros puntos del país. A lo largo de los 24 años como responsable de este área municipal, el investigado ha llegado a conducir hasta tres todorrenos adquiridos por el servicio municipal.
El alcalde, Francisco Guarido, emitió un decreto para limitar las funciones al empleado público, acusado también de falsedad documental, fraude, blanqueo de dinero y cohecho por la policía judicial de Zamora y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) de Madrid, que ha participado en la investigación judicial iniciada por la Fiscalía de Zamora, que remitió en marzo de 2020 las actuaciones al Juzgado que ya había abierto diligencias por una denuncia de la interventora relacionada con ese supuesto uso fraudulento de gasolina. Todas las diligencias judiciales se han unificado y las instruye la juez del número 5.
La suspensión de empleo y sueldo del empleado público depende del auto de la juez
La suspensión de empleo y sueldo a la que podría enfrentarse el jefe de Parques y Jardines, tras estar inmerso en un procedimiento judicial por malversación de caudales públicos, entre otros delitos, podría decidirse en las próximas horas, a tenor del contenido del auto de la juez que le investiga también por blanqueo de dinero. El empleado público quedó el viernes en libertad con cargos, en función de los cuales se estudiará la posibilidad de apartarle o no de su trabajo de forma provisional hasta ver si se le imputa por las infracciones de que se le acusa y si se decide la apertura de juicio oral contra él. La juez descartó el viernes aplicar esta medida cautelar que solicitó expresamente el abogado del Consistorio, quien exigió fianza de 65.000 euros para asegurar la responsabilidad civil en caso de pudiera haber una condena, también rechazada por la instructora del caso. La suspensión de empleo y sueldo es una decisión de tipo administrativo que nada tiene que ver con la vía penal iniciada en el Juzgado tras la denuncia de la viceinterventora y de la Fiscalía, causas que se consideraron conexas, por lo que se llevan en una única pieza, aunque se abarquen diferentes aspectos de la gestión de Alberto Vega. Las medidas cautelares adelantadas el viernes, cuyo auto aún esperan tanto el Ayuntamiento como la Fiscalía de Zamora, contemplan la comparecencia del jefe de Parques y Jardines los días uno y quince de cada mes ante el Juzgado, así como la retirada del pasaporte con el fin de asegurar que no se fugará. Esas fueron las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal, así como una fianza de 40.000 euros o de la cuantía que estimara oportuna la juez acorde con las cantidades que se sospecha que pudo defraudar a las arcas municipales. El acusado manifestó ante la juez su intención de permanecer en el país, al parecer esas fueron sus únicas palabras durante el interrogatorio del viernes, tras permanecer detenido desde primeras horas del miércoles, cuando la Policía Nacional registró su domicilio, situado en el siglo XXI.
